Sánchez-Camacho no toma medidas contra el ex acalde de Llavaneras

Alicia Sánchez-Camacho ha reclamado al Gobierno catalán y a los partidos catalanes "tolerancia cero" ante cualquier caso de corrupción y una posición "ejemplarizante y contundente", por lo que ha exigido "luchar con hechos concretos, y no con discursos vacíos".

En rueda de prensa, pese a celebrar la decisión del PSC y CDC de suspender a sus militantes implicados en el caso Pretoria, la líder de los populares ha considerado que "es lo mínimo que se puede esperar de los partidos" y que "la acción contundente que piden los ciudadanos es pasar a la acción".

Así, ha pedido al presidente catalán, José Montilla, que "dé la cara" y que impulse definitivamente antes del final de la legislatura la Ley de la Sindicatura de Comptes (tribunal de cuentas), para reforzar dicho organismo.

En este sentido, Sánchez-Camacho ha exigido que las recomendaciones de la Sindicatura sean de obligado cumplimiento; que la Generalidad haga un seguimiento de dicha aplicación; y que los informes relacionados con entes locales también sean de obligado conocimiento y análisis por parte de los grupos parlamentarios.

Aunque Camacho prometió que si algún militante del PPC resulta imputado en el caso Pretoria será expulsado de inmediato, este martes ha afirmado que, por el momento, no tomará medidas contra el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, presuntamente relacionado con irregularidades urbanísticas en este municipio barcelonés.

La Fiscalía Anticorrupción investigará la posible relación con el caso Pretoria de varias denuncias de irregularidades urbanísticas detectadas en Llavaneres en 2005 y 2006, dos de las cuales ya han sido archivadas, mientras que otros dos casos siguen abiertos, en los que Ros declaró como imputado.

No obstante, Sánchez Camacho ha dicho que en este caso "no hay ninguna imputación o detenido", y en el caso de que así sea, el PPC actuará con "rapidez y diligencia" y tomará las medidas "oportunas". "La información que tenemos –ha explicado– es que no hay ningún tipo de imputación o responsabilidades" y ha argumentado que el hecho de que Ros declarara como imputado es tan solo una fórmula legal, ya que no se ha decretado ni prisión provisional ni preventiva en ningún momento contra el ex alcalde.

Los populares, por tanto, decidirán su posición cuando el juez finalice el auto que pone fin a la instrucción de estos casos que aún están bajo investigación, y si se mantiene su imputación, tomarán medidas inmediatas.

Los dos casos aún abiertos por un juzgado de Mataró (Barcelona) investigan un convenio para la urbanización de una antigua zona deportiva, firmado en 2006 entre el consistorio y la empresa inmobiliaria Proinosa, presidida por el empresario detenido en la operación Pretoria Josep Singla; así como la recalificación de terrenos para la construcción de una guardería de Llavaneres.