L D (Agencias) Elena Salgado señaló, en la sesión de control al Gobierno, que el envío se realizó dos días después ya que habían datos confidenciales de pacientes cuya difusión podría ser constitutiva de delito. Además dijo que pese a tratarse de una denuncia anónima, debido al "sentido común y la prudencia en un tema tan delicado", solicitó un análisis sobre la competencia del Ministerio en relación con el objeto de la denuncia. Asimismo, la ministra indicó que nunca ha criticado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, por haber enviado el expediente a la fiscalía, sino que acusó a los populares de haber ocultado información y hecho públicos datos de pacientes, profesionales, cartas e incluso mensajes a móviles.
Por su parte, el senador del PP Antonio Beteta, recriminó al Ministerio que no haya colaborado con la consejería de la Comunidad de Madrid, ni que haya informado correctamente y con transparencia a los madrileños. Además, calificó la actitud de la ministra de "oscurantista, desleal e incongruente", e insinuó que quiso tender una trampa al consejero Lamela, quizás con la connivencia con alguien más del PSOE. "Su partido se ha equivocado al politizar este asunto, pensando que con ello podría erosionar al gobierno del PP de Madrid", concluyó.
Asimismo la ministra le recordó el respeto del ministerio a las competencias exclusivas del Gobierno regional de Madrid en este asunto y consideró que se habían dejado llevar por la "precipitación con serias consecuencias para la honorabilidad de los médicos y la relación de confianza entre médico-paciente".
En relación a los dos días que tardó el ministerio, desde que recibió la denuncia anónima hasta que se la remitió a la justicia y habló con el Gobierno de Madrid, la ministra respondió que ese fue el tiempo que tardó en recibir la asesoría solicitada para conocer qué competencias le cabían ante un tema tan delicado, y siguiendo "el sentido común de las más elementales normas de prudencia". Recordó además que ese fue también el tiempo que tardó el Gobierno regional de Madrid en remitir la denuncia, que era anónima, a la Fiscalía.