L D (Europa Press) En la carta del Arzobispado de Madrid, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Fidel Herráez, comunica a los sacerdotes de las parroquias y rectores de lugares de culto que el Consejo de Laicos "ha elaborado una nota en orden a informar de la manifestación prevista para el día 12 de noviembre y de los motivos de la misma, así como para invitar a los fieles a que respondan lo más activamente posible a dicha convocatoria".
La misiva detalla que "por la importancia que la educación de los niños y jóvenes ha tenido siempre para la Iglesia y por lo que indudablemente afecta a la persona y a la sociedad en este momento de cambios educativos", monseñor Rouco Varela, ha considerado "oportuno" enviar la carta para que la manifestación "se dé a conocer debidamente".
Con todo, "ruega" a párrocos y rectores de lugares de culto que den lectura de la nota al finalizar las "celebraciones próximas a la fecha de la manifestación", sugiriendo que se haga tras todas las misas del sábado 5 y domingo 6 de noviembre, fin de semana anterior a la manifestación.
La Conferencia Episcopal apoyará la manifestación siempre que ésta se desarrolle "dentro de la legalidad". Así lo manifestó el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, quien destacó que "si se convoca una manifestación y es pacífica y legal, claro que se apoya el ejercicio de este derecho" por parte de los padres, que en opinión de la institución eclesial son quienes deben decidir el tipo de Educación que desean que reciban sus hijos.
A juicio de Martínez Camino, "si están en cuestión derechos fundamentales de los padres, y están en cuestión porque esta Ley no promueve ni respeta los derechos fundamentales de los padres, los padres tienen el derecho y el deber de defender sus derechos siempre que sea por medios legítimos y pacíficos". Estas declaraciones fueron realizadas hoy en Ávila, minutos antes de que el portavoz de la Conferencia Episcopal explicara en una conferencia -organizada por la Asociación Cultural Tellamar, de las Cruzadas de Santa María- por qué la Iglesia Católica se muestra contraria a la aprobación de esta Ley.
Según manifestó Martínez Camino, se trata de "un proyecto de ley que no promueve suficientemente los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la educación, como es el derecho a la elección de centro, y el derecho de los padres de determinar el tipo de educación que quieren dar a sus hijos, sin que el Estado les induzca o imponga unas condiciones morales". En este sentido, el secretario de la Conferencia Episcopal señaló que se trata de "derechos fundamentales de los padres, reconocidos por la Constitución Española que esta Ley cercena y pone en cuestión", aún cuando "el Estado debe estar al servicio de la Educación y no poner dificultades para el ejercicio de estos derechos tan básicos".
Este respeto de los padres respecto a la educación de sus hijos, según Martínez Camino, debe traducirse en que "el 80 por ciento de los padres que cada año y reiteradamente pide apuntar a sus hijos, en un referéndum nacional, en la clase de religión católica" puedan recibir esta asignatura. El portavoz de la Conferencia Episcopal se preguntó por qué el Gobierno pone dificultades a que los centros públicos impartan clases de religión, y se planteó si la respuesta es que tiene el Gobierno miedo a la clase de religión. Al respecto aseguró que "no debería tenerlo porque cuando los padres quieren que los hijos sean formados en la religión católica es porque saben lo que quieren", algo que, a su juicio, esta Ley "dificulta" poniendo "en el alero la asignatura de religión".