Ha manifestado que "investigar a alguien sencillamente porque tiene dinero, o porque tiene más dinero del que a otro le parece que debería tener, es algo que en nuestra democracia no se puede hacer" si no hay indicios de la perpetración de un hecho delictivo.
El fiscal general del Estado se refería de este modo a una cuestión planteada por el grupo parlamentario del PP sobre los criterios y directrices de la Fiscalía General del Estado en relación con la persecución de delitos cometidos por cargos públicos.
Durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, Conde-Pumpido ha subrayado que las "inquisiciones generales" están prohibidas, y que la presunción de inocencia es incompatible con la decisión de investigar a una persona por el conjunto de sus actividades vitales, de forma prospectiva, arbitraria y sin 'noticia criminis'".
En relación con el presidente de la Cámara baja, ha recordado que tras el rastreo de los registros públicos, una serie de medios de comunicación valoraron que su patrimonio no se correspondía con el nivel de un parlamentario.
En este caso, ha afirmado que "cuando tras varios intentos" la Fiscalía recibió una denuncia que concretaba mínimamente una imputación específica contra Bono, abrió la correspondiente investigación, y que cuando el teniente fiscal del Tribunal Supremo comprobó que la denuncia no se correspondía a la realidad "la denuncia se archivó".
Además, ha informado a la Cámara de que, a día de hoy, un letrado "conocido por sus querellas contra personas con relevancia mediática", en referencia al abogado murciano José Luis Mazón, ha presentado otra querella que está pendiente de ser dictaminada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Para que haya investigación de un delito tiene que haber indicios de un hecho específico que esté tipificado en el Código Penal, y que, sin esa 'notitia criminis', o sin una base mínimamente verosímil de la imputación que cualquiera pueda realizar, no se puede abrir una investigación oficial prospectiva "para ver si, quizá, una persona ha cometido algún delito aunque no se sepa cual".
"Piensen en lo que realmente se juega el Estado de Derecho si en virtud de cada acusación genérica, basada en insinuaciones y sospechas, sin imputación concreta de hechos punibles, es el sospechoso el que se tiene que demostrar que no ha cometido ningún delito", ha concluido Conde-Pumpido.