L D ( EFE ) Así lo acuerda el magistrado en un auto en el que mantiene la prisión de seis de los procesados, entre ellos Vioque, la situación de libertad provisional de otra abogada y ordena la búsqueda del octavo imputado.
El juez recuerda que estas actuaciones fueron incoadas el año pasado a raíz de una comunicación de la Audiencia Nacional relativa a que unos titulares de teléfonos intervenidos podrían estar involucrados no sólo en un delito de falsificación de moneda y tráfico de drogas, sino también en un delito de homicidio, ajeno a la competencia del citado Tribunal.
Añade que un hombre, que figura en la causa como testigo protegido, recibió hacia el 19 de diciembre de 2002, en una entrevista realizada en un locutorio telefónico próximo a Carabanchel con F.T.S. el encargo de éste para matar a una persona a cambio de una cantidad de dinero.
El auto relata que en una reunión posterior en el mismo lugar F.T.S. concretó al testigo protegido que la persona a matar era un fiscal y le dio dos fotos de Javier Zaragoza, así como un texto manuscrito en el que se indicaba el domicilio de éste, desde el que habría de ser objeto de vigilancia y seguimiento en busca del momento más oportuno para la realización de la acción. La propuesta al testigo protegido incluía matar también a un abogado que tenía su despacho en Madrid y a otras dos personas en Galicia.
Por la muerte de Zaragoza el testigo protegido cobraría 50.000 euros y 100.000 por las dos personas residentes en Galicia, desconociéndose el precio a pagar por la cuarta víctima. Las fotografías fueron entregadas a F.T.S. por C.M.C.P. y C.H.S.R., quien las había recogido en un sobre cerrado en la avenida de América de Madrid de manos de D.C.R.C., que las obtuvo en un encuentro "vis a vis" en la prisión de Soto del Real con su compañero sentimental D.L.C.S., de manos de éste, quien a su vez las recibió en la prisión de Pablo Vioque, según el juez.
Este agrega que además del sobre mencionado, D.L.C.S. reconoció en sus declaraciones haber entregado a D.C.R.C. dos o tres sobres con instrucciones a su vez recibidas de Vioque para su entrega a F.T.S. Para que el testigo protegido pudiera realizar su acción F.T.S. le dio fondos en diversas entregas y en concreto 2.000 euros el 9 de enero de 2003 para la compra de un arma. El dinero que F.T.S. utilizó para ello le llegaba en entregas que le realizaba M.A.S.M., que por su condición de abogada se entrevistaba frecuentemente con Pablo Vioque, relata el magistrado.
El juez indica que el 23 de enero de 2003, tras producirse cuatro llamadas en el teléfono intervenido de F.T.S., se concertó una cita de éste en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabeu de Madrid, que fue objeto de vigilancia y seguimiento por parte de agentes de la Policía Judicial. La cita se concretó en una torre del estadio entre F.T.S. y C.G.S., quien le manifestó que cuando se trasladase a Galicia él haría las indicaciones concretas de las personas a las que había que matar, sobre lo cual ya tenía precisas instrucciones.
El auto señala que el 29 de enero siguiente, "ante la inminencia de la ejecución del plan criminal proyectado", la Policía Judicial detuvo a seis de los presuntos implicados, entre ellos Vioque, y el 2 de febrero de 2003 fue decretada su prisión provisional.