L D (EFE) Durante el debate para la toma en consideración de estas propuestas, los socialistas argumentaron que compartían la esencia, pero consideraron que no es el momento de proponer un cambio que pretenden incluir en la reforma del Código Penal que el Ejecutivo quiere aprobar en el 2005.
Según explicó la diputada encargada de fijar la posición de su grupo, Pilar López, El PSOE quiere además lograr un "contrato social" con médicos, personal sanitario, movimientos feministas, abogadas y colectivos afectados y aprobar al tiempo una "ley de salud sexual", "imprescindible" según López para luchar contra los embarazos no deseados entre las adolescentes.
El grupo parlamentario Popular afirmó su oposición rotunda a estas iniciativas porque supondrían, de haber prosperado, romper el equilibrio actual existente entre los derechos de la mujer y del nasciturus. Además y a juicio de este grupo no hay demanda social ni el tema resulta de "acuciante necesidad".
La actual regulación del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, que debe contar con un dictamen médico emitido con anterioridad a la intervención; embarazo consecuencia de un delito de violación; y riesgo de graves taras físicas o psíquicas para el feto.
La proposición de ley que defendía IU-ICV fija en la práctica el aborto libre al permitirlo "cuando, a juicio de la mujer, la continuación del embarazo suponga un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir" con él. Con esta propuesta, el citado grupo, pretendía que la mujer decidiera si quiere o no continuar adelante con su embarazo durante las primeras 14 semanas, garantizando su derecho a recibir amplia información y apoyo psicológico y físico.
La proposición de ley de ERC tenía, a su vez, como objetivo eliminar del Código Penal todos los artículos relativos a la interrupción del embarazo salvo los referidos al aborto realizado sin consentimiento o con un consentimiento "viciado" de la mujer, único modo, según este grupo, de "poner fin a un problema social y político" que "se está resolviendo al margen de la ley".
Por su parte, el BNG pedía en su proposición despenalizar la interrupción del embarazo cuando la mujer exprese "libre y voluntariamente su consentimiento expreso" por escrito y el aborto se realice durante las primeras 16 semanas de gestación. En esta votación, el PNV anunció que se abstenía y CIU dio libertad de voto a sus miembros.
Según explicó la diputada encargada de fijar la posición de su grupo, Pilar López, El PSOE quiere además lograr un "contrato social" con médicos, personal sanitario, movimientos feministas, abogadas y colectivos afectados y aprobar al tiempo una "ley de salud sexual", "imprescindible" según López para luchar contra los embarazos no deseados entre las adolescentes.
El grupo parlamentario Popular afirmó su oposición rotunda a estas iniciativas porque supondrían, de haber prosperado, romper el equilibrio actual existente entre los derechos de la mujer y del nasciturus. Además y a juicio de este grupo no hay demanda social ni el tema resulta de "acuciante necesidad".
La actual regulación del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, que debe contar con un dictamen médico emitido con anterioridad a la intervención; embarazo consecuencia de un delito de violación; y riesgo de graves taras físicas o psíquicas para el feto.
La proposición de ley que defendía IU-ICV fija en la práctica el aborto libre al permitirlo "cuando, a juicio de la mujer, la continuación del embarazo suponga un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir" con él. Con esta propuesta, el citado grupo, pretendía que la mujer decidiera si quiere o no continuar adelante con su embarazo durante las primeras 14 semanas, garantizando su derecho a recibir amplia información y apoyo psicológico y físico.
La proposición de ley de ERC tenía, a su vez, como objetivo eliminar del Código Penal todos los artículos relativos a la interrupción del embarazo salvo los referidos al aborto realizado sin consentimiento o con un consentimiento "viciado" de la mujer, único modo, según este grupo, de "poner fin a un problema social y político" que "se está resolviendo al margen de la ley".
Por su parte, el BNG pedía en su proposición despenalizar la interrupción del embarazo cuando la mujer exprese "libre y voluntariamente su consentimiento expreso" por escrito y el aborto se realice durante las primeras 16 semanas de gestación. En esta votación, el PNV anunció que se abstenía y CIU dio libertad de voto a sus miembros.