L D (Agencias) El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, ha pedido este viernes a la Fiscalía General del Estado que aplique sus competencias respecto a la polémica surgida entre la Fiscalía y el juez sobre la “Operación Estela” contra el narcotráfico para que se "ponga fin a un conflicto de esta magnitud". Perales, en declaraciones a la agencia Efe , señaló que una vez que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, ha declarado que espera tener a finales de semana el informe que ordenó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "el momento" de la Fiscalía General. En su opinión, es necesario que "se ponga fin a un escándalo que desmoraliza a la sociedad que asiste despavorida a un conflicto de esta magnitud", además del "desprecio que supone al esfuerzo realizado por la Guardia Civil con investigaciones de mucho tiempo".
Ante la magnitud del caso, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias de investigación sobre el supuesto pago a un fiscal en el caso de la Operación Estela contra el narcotráfico en Barbate, según desvela la escucha telefónica a la esposa de uno de los detenidos. Según informó el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, las indagaciones, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, se desarrollarán de "forma reservada" para aclarar un comentario "genérico" y "poco creíble", pero que conviene depurar "hasta sus ultimas consecuencias" para tranquilizar a la opinión pública. En todo caso, las diligencias de investigación comenzarán con el conocimiento del "tratamiento procesal que se ha dado a la conversación, si se han formalizado imputaciones", entre otras pesquisas. La indagación deberá ser "rápida" por la "extraordinaria repercusión social del asunto", y se desarrollará con la "necesaria discreción".
La investigación del proceso Estela, que está dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, ha estado marcada por la polémica ante la petición de nulidad del proceso por parte del fiscal, por considerar que algunas las escuchas telefónicas y registros domiciliarios eran irregulares. A esto se añadió la decisión del fiscal de pedir prisión sólo para diez de los detenidos. Por otra parte, el juez encargado del caso, López Marchena, ha citado a la esposa del narcotraficante que pretendía comprar al fiscal, para obtener más información de este hecho y tomarle declaración.
La escucha telefónica grabada por la Guardia Civil dentro de la Operación Estela, donde se detuvieron a 41 narcotraficantes y se incautaron 7,05 toneladas de hachís en Barbate (Cádiz), ha revelado que la esposa de uno de los narcotraficantes detenidos en esta operación mantuvo una conversación con un ciudadano marroquí, que supuestamente es quien envía la droga, y le informó de que su abogado le había pedido 6.000 euros para él y otros 3.000 para pagar a un fiscal que permitiría la puesta en libertad de su pareja.
La conversación grabada por la Guardia Civil el 15 de mayo, formaba parte del secreto de sumario del caso y según el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Isidoro Hidalgo la filtración a los medios es "intencionada" y tiene el objetivo de "descalificar" a la Fiscalía de Cádiz, "haciendo un daño irreparable". Además explicó que cuando se levanta el secreto del sumario, a éste tienen acceso los abogados, pero no se debe hacer público su contenido y advirtió de que si la filtración proviniera de un abogado éste puede ser objeto de sanción disciplinaria, mientras que si quien filtra es un juez, un fiscal o un funcionario, es delito. Por otra parte, Hidalgo afirmó que lo relatado en el sumario es una práctica que "no le sorprende", dado que en el mundo de la droga se mueven intereses "muy oscuros" y que se trata de dinero que piden los abogados, pero para ellos, "aunque no hay abogado que lo reconozca", ya que en definitiva es una "estafa" a sus clientes.
Ante la magnitud del caso, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias de investigación sobre el supuesto pago a un fiscal en el caso de la Operación Estela contra el narcotráfico en Barbate, según desvela la escucha telefónica a la esposa de uno de los detenidos. Según informó el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, las indagaciones, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, se desarrollarán de "forma reservada" para aclarar un comentario "genérico" y "poco creíble", pero que conviene depurar "hasta sus ultimas consecuencias" para tranquilizar a la opinión pública. En todo caso, las diligencias de investigación comenzarán con el conocimiento del "tratamiento procesal que se ha dado a la conversación, si se han formalizado imputaciones", entre otras pesquisas. La indagación deberá ser "rápida" por la "extraordinaria repercusión social del asunto", y se desarrollará con la "necesaria discreción".
La investigación del proceso Estela, que está dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, ha estado marcada por la polémica ante la petición de nulidad del proceso por parte del fiscal, por considerar que algunas las escuchas telefónicas y registros domiciliarios eran irregulares. A esto se añadió la decisión del fiscal de pedir prisión sólo para diez de los detenidos. Por otra parte, el juez encargado del caso, López Marchena, ha citado a la esposa del narcotraficante que pretendía comprar al fiscal, para obtener más información de este hecho y tomarle declaración.
La escucha telefónica grabada por la Guardia Civil dentro de la Operación Estela, donde se detuvieron a 41 narcotraficantes y se incautaron 7,05 toneladas de hachís en Barbate (Cádiz), ha revelado que la esposa de uno de los narcotraficantes detenidos en esta operación mantuvo una conversación con un ciudadano marroquí, que supuestamente es quien envía la droga, y le informó de que su abogado le había pedido 6.000 euros para él y otros 3.000 para pagar a un fiscal que permitiría la puesta en libertad de su pareja.
La conversación grabada por la Guardia Civil el 15 de mayo, formaba parte del secreto de sumario del caso y según el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Isidoro Hidalgo la filtración a los medios es "intencionada" y tiene el objetivo de "descalificar" a la Fiscalía de Cádiz, "haciendo un daño irreparable". Además explicó que cuando se levanta el secreto del sumario, a éste tienen acceso los abogados, pero no se debe hacer público su contenido y advirtió de que si la filtración proviniera de un abogado éste puede ser objeto de sanción disciplinaria, mientras que si quien filtra es un juez, un fiscal o un funcionario, es delito. Por otra parte, Hidalgo afirmó que lo relatado en el sumario es una práctica que "no le sorprende", dado que en el mundo de la droga se mueven intereses "muy oscuros" y que se trata de dinero que piden los abogados, pero para ellos, "aunque no hay abogado que lo reconozca", ya que en definitiva es una "estafa" a sus clientes.