LD (Pedro de Tena) El artículo de la versión andaluza del diario de Prisa es bastante menos agresivo que el escribió semanas después para el de Madrid. En Andalucía lo más grave que llega a asegurar es la palabra "desvergüenza". Sin embargo, en el escrito del 26 de mayo cita esta palabra varias veces y añade términos como "delincuentes" o "prevaricación".
Esto dice el artículo de Javier Pérez Royo en Andalucia: "desde un punto de vista jurídico el problema que esta actuación desvergonzada de los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que han formado la mayoría que ha dictado la sentencia por la que se han anulado determinados fragmento de las órdenes de la Junta de Andalucía dictadas en aplicación de la ley, carece de entidad. Es ruido, pero nada más que ruido. En su momento, el Tribunal Supremo acabará poniendo las cosas en su sitio y dejando en evidencia la desvergüenza con que han actuado los magistrados del tribunal andaluz".
Sin embargo, para la edición de Madrid llegó a asegurar que "la desvergüenza de esta manera de proceder es difícilmente superable. La Sala no puede no saber que no puede hacer lo que ha hecho y que, en consecuencia, está cometiendo el delito de prevaricación. Pero como también sabe que nadie le va a exigir la responsabilidad penal que correspondería, ha decidido hacerlo".
Pero además, el catedrático realiza acusaciones bastante graves en la edicición de la capital de España. "Es un caso de corrupción institucional en el sentido fuerte del término, de desnaturalización de la institución por parte de quien es portador de la misma. Formalmente los tres magistrados que han constituido la mayoría de la Sala han actuado como jueces. Materialmente han actuado como unos delincuentes, que han hecho un uso desviado del poder que la Constitución les confiere", escribe Pérez Royo.
De este modo, en el artículo para Andalucía sus críticas a Esperanza Aguirre son bastante suaves comparadas con los ataques que realizó en el otro escrito. A la desvergüenza de los jueces ha seguido la desvergüenza de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se ha amparado en la sentencia de la Sala de Andalucía para poner en marcha un registro de objeción de conciencia sin cobertura legal de ningún tipo. No se entiende muy bien por qué Esperanza Aguirre se ha metido en este berenjenal. El Tribunal Supremo va a anular con seguridad la sentencia de la Sala de Sevilla y va a obligar a que se cumpla la ley y a que, en consecuencia, los alumnos tengan que cursar Educación para la Ciudadanía. ¿Qué gana obligando al Tribunal Supremo a poner de manifiesto que ha actuado de manera desvergonzada?", dice en Madrid.