Pedir licencias en los parques naturales andaluces es una "odisea kafkiana"

LD (Pedro Tena) Esta situación ha sido propiciada por las normativas de protección de dichos espacios, que convierten en una verdadera "odisea kafkiana" la obtención del más simple permiso o la consecución de una autorización, convertidas en premisas imprescindibles para realizar legalmente cualquier actividad. Con la excusa de la defensa del medio ambiente, se perjudica gravemente a quienes viven dentro o en el entorno de los espacios protegidos.

Hay que recordar que muchos altos dirigentes socialistas han sido o son presidentes de los Parques Naturales protegidos, organismos creados por la Junta. Por ejemplo Gaspar Zarrías, vicepresidente andaluz, ha sido presidente del Parque Natural de Cazorla en Jaén durante 14 años. José Caballos, alto cargo del PSOE sevillano y diputado autonómico es presidente del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

En Jaén, el ex delegado de Empleo de la Junta y miembro de la Ejecutiva provincial del PSOE, David Avilés, preside el Parque Natural de Cazorla. Andrés Medina Gómez, licenciado en Psicología y vinculado al PSOE, preside el de Sierra Mágina. El Parque de la Sierra de Baza está presidido por Felipe Pascual Torres, catedrático de Biología animal y hermano del Secretario de Educación del Partido Socialista de El Ejido, José Cayetano Pascual Torres, aunque no vinculado al PSOE personalmente y en cierto modo independiente. 

Por poner otro ejemplo, en 2001 se denunció que la Federación de Espacios Protegidos de Andalucía (FENPA), una entidad con estatuto de Organización No Gubernamental (ONG), estaba controlada por un ex alto cargo de la Junta de Andalucía y un ex senador del PSOE y había recibido en los últimos años al menos 600 millones de pesetas de distintas consejerías del gobierno autonómico y diputaciones controladas por los socialistas.

Los afectados eran Manuel Arenas Martos, ex senador socialista por Córdoba durante dos legislaturas, hasta 1996, y José María Gallego Manzano, director general de Conservación de la Naturaleza durante un año y trabajador en excedencia de Egmasa. La mujer de José María Gallego, Inmaculada Daza, formaba parte del gabinete de la entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves - hoy presidenta del parlamento andaluz-,  y su hermano, José Manuel, a su vez, lleva los programas europeos de formación en la FENPA,

Andalucía tiene una de las más extensas redes de Europa de espacios naturales protegidos, llegando a suponer hasta un 19% la superficie del territorio andaluz que cuenta con algún tipo de figura de protección ambiental. De hecho la superficie protegida en Andalucía representa el 30% del total de la superficie protegida en España. Dentro de esta extensa red se incluyen hasta un total de 150 espacios protegidos, agrupados en diferentes figuras de protección: parques nacionales, parques naturales, parajes naturales, reservas naturales, monumentos naturales, parques periurbanos, paisajes protegidos y reservas naturales concertadas, cada uno de ellos con su propio régimen jurídico y sus particularidades de gestión y organización

La competencia para gestionar los espacios que integran la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) reside en la Consejería de Medio Ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 28 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y en lo estipulado en el Decreto 95/2003, de 8 de Abril, que regula la RENPA y su registro.

Dice el Informe que "si tomamos en consideración que los territorios sobre los que se asientan estos espacios naturales protegidos no son espacios baldíos donde convivan en estado natural la fauna y la flora autóctonas, ni tierras deshabitadas, sino que, por el contrario, los mismos acogen a una parte significativa de la población andaluza y sobre ellos se desarrollan un buen número de actividades productivas, industriales, agrícolas y ganaderas, habrá que concluir que una adecuada gestión de estos espacios naturales ha de saber compaginar la obligada conservación de sus valores naturales, con el necesario desarrollo sostenible del territorio y sus habitantes.

Y añade que la propia Exposición de Motivos de la Ley 2/1989, de 18 de Julio, de inventario de los espacios naturales protegidos de Andalucía, señala lo siguiente:

«En general, la idea de conservación debe entenderse en sentido amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada el fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio de los municipios en que se integren y, en definitiva, de nuestra Comunidad Autónoma. Es necesario, pues, implicar en la conservación de la naturaleza a los sectores económicos, pues en otro caso la política impulsada por la Administración quedaría vacía de contenido, al faltar el apoyo de la población afectada, de forma que toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta a la larga frustrada.»

Pese la buena disposición mostrada por el legislador, el Defensor considera que "no parece estar cumpliéndose adecuadamente el objetivo propuesto de concitar el apoyo de la población afectada hacia la gestión conservacionista de los espacios naturales protegidos, al menos si nos atenemos a los contenidos de quejas, denuncias y protestas que llegan a esta Institución.

En efecto, no es infrecuente que se reciban en esta Institución quejas y denuncias procedentes de ciudadanos que habitan en espacios naturales protegidos exponiendo sus protestas por los inconvenientes que para el desarrollo de su vida cotidiana le suponen las limitaciones impuestas por las normas reguladoras de los mismos y las trabas burocráticas que deben sortear para el desempeño de cualquier actividad por nimia que sea o para el desarrollo de la menor iniciativa."

Este tipo de denuncias, que ponen de manifiesto los inconvenientes de vivir en un espacio natural protegido, suelen venir acompañadas de un lamentos por lo que consideran el incumplimiento por la Administración de sus promesas de fomentar un desarrollo socioeconómico de las áreas protegidas que compense a sus habitantes de dichos inconvenientes.

En particular, es frecuente escuchar críticas por las dificultades que encuentran ganaderos con pequeños rebaños y propietarios de pequeñas fincas agrícolas para la realización de muchas de las actividades relacionadas con el desempeño cotidiano de su profesión o para mejorar sus viviendas o sus instalaciones agropecuarias.