Patricia Rojo declarará sobre el caso de corrupción urbanística en Estepona

LD (Pedro de Tena) Según se ha sabido, la declaración será esta misma semana. Recuerden que su padre, Francisco Javier Rojo García, presidente del Senado, tiene casa en Estepona y que es amigo del alcalde ahora encarcelado por mediación del antiguo alcalde de Estepona, el socialista Antonio Caba.

 

Patricia Rojo fue la gerente de Urbanismo propuesta por los socialistas al inicio de la anterior legislatura, cuando funcionó una gerencia mancomunada en este área con gerentes de los tres partidos que gobernaban conjuntamente entonces: el PSOE, el Partido de Estepona (PES) e IU. Uno de ellos, el representante del PES, Pedro López, está ahora en libertad bajo fianza de 300.000 euros e imputado por cohecho y malversación. La Policía también ha citado al actual gerente municipal de Urbanismo, Juan Manuel Ramos. El concejal socialista de Urbanismo, Rafael Duarte, también está imputado.

 

Hay que recordar que Patricia Rojo ya estaba implicada en irregularidades muy anteriores a la Operación Astapa. De hecho, la hija del presidente del Senado está imputada por la comisión de un presunto delito urbanístico junto al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE y encarcelado en Alhaurín de la Torre por el caso Astapa; el procesado en el caso Malaya relacionado con la mafia calabresa, Giovanni Piero Montaldo; y varias empresas vinculadas con a familiares de José María del Nido, entre otras personas, a instancias de la Fiscalía de Málaga. Libertad Digital recordó hace unos días que ese era precisamente el motivo por el que el nombre de Patricia Rojo salía a la palestra en el caso Estepona, aunque entonces no había habido imputación. Pero el caso como tal no guarda relación directa y es anterior a las detenciones del llamado caso Estepona.

 

El Ministerio Público considera que podría haberse cometido un delito de prevaricación en la concesión de una licencia que podría haber usurpado terreno privado y público con el beneplácito municipal. Un juzgado de Estepona abrió diligencias previas por la comisión de un presunto delito urbanístico, a raíz de una denuncia efectuada el día 23 de marzo de 2007 ante la Fiscalía por la comunidad de propietarios del complejo Playa Dar.

 

Hay que recordar las buenas relaciones que mantenía el ya ex alcalde Estepona, Antonio Barrientos, con personalidades tan destacadas del PSOE como el presidente del Congreso, José Bono -fue invitado a su toma de posesión-, y el del Senado, Javier Rojo. El ahora encarcelado presumía de tener mucha amistad con ambos además de buenos contactos en la Junta. Todas las fuentes coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún más sorpresas. No es de extrañar que ABC afirme que "en el PSOE el nerviosismo es extremo".

 

Por su parte, el PP cree «gravísimo» que el PSOE admita que conocía lo que pasaba en Estepona. Esto implica haber sido «tolerante» y «cómplice» en las actuaciones irregulares y delictivas del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, actualmente en prisión y acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. También implica al Gobierno andaluz  por no haber cumplido su deber de velar por el cumplimiento de la disciplina urbanística. Pero sobre todo el PP consideró escandaloso y «gravísimo» que el secretario de Organización del PSOE haya reconocido que sabía lo que pasaba en Estepona y que se haya escudado en que no tenía «constancia documental».

 

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien se reunió este martes con la directiva de su partido en Málaga y con los concejales populares en Estepona, dijo que «es evidente la responsabilidad de la Junta y su complicidad» con el Ayuntamiento de Estepona «al que no puso freno» haciendo por tanto «dejación de sus responsabilidades de control de la disciplina urbanística» al dedicarse a «mirar para otro lado».

 

A la vista de esta situación el PP estudia dos acciones: una pedir una comisión de investigación en el Parlamento sobre la conducta del Gobierno andaluz; y la segunda, si se consolida una situación de ingobernabilidad del municipio pedir la disolución del Ayuntamiento de Estepona como se hizo con el de Marbella. La solución del problema está difícil porque salvo el alcalde nadie ha dimitido de sus cargos.

 

La Comisión de Investigación deberá de aclarar dos cuestiones claves:

 

1.-Tramitación y la resolución que se ha dado a los 86 expedientes que dicen haber abierto por infracciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona, expedientes que se han dejado morir sin que haya habido resolución alguna.