Nuevo enfrentamiento por la decisión del Gobierno de no enviar al CGPJ el texto de la ley

El CGPJ, prosiguió, tiene "una función consultiva absolutamente contraída por la Ley Orgánica del Poder Judicial a las materias que le conciernen, organización judicial, legislación penal y penitenciaria y en algún caso derechos fundamentales que se ejercen a través del procedimiento judicial, pero no tiene una competencia consultiva general". "El órgano consultivo con carácter general que la Constitución establece para el Gobierno es el Consejo de Estado, y el Gobierno puede en algunos casos decidir si remite el texto a consulta o no, y en otros casos está obligado a hacerlo", puntualizó.

Ante este anuncio, el portavoz del CGPJ, Enrique López, manifestó una "gran sorpresa", porque, a su juicio, el anteproyecto "incluye materias que han de ser informadas preceptivamente por el Consejo". Por ello, anunció que el Pleno del Consejo del próximo miércoles analizará si es oportuno que se requiera al Gobierno la remisión del texto al CGPJ para elaborar el correspondiente informe.

Desde la llegada del PSOE al poder se han producido una serie de desencuentros entre el Gobierno y el CGPJ, en el que la mayoría de sus vocales han sido nombrados a propuesta del PP.

Entre los asuntos que han sido objeto de estas controversias, figuran varias reformas legales como la Ley Integral de Violencia Doméstica o la modificación del sistema de nombramientos de la cúpula judicial, así como la elección del nuevo fiscal general del Estado y la de los jueces que controlaran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según López, entre la mayor parte de los vocales del CGPJ existía "la plena convicción" de que esta reforma, que afecta al Código Civil, iba a ser enviada para informe al Consejo, ya que, insistió, "tiene unas claras consecuencias en derechos fundamentales".

López recordó que una de las razones por las que el Gobierno justifica el anteproyecto es el "el derecho fundamental de igualdad ante la ley" y, explicó, tiene consecuencias sobre materias como el matrimonio, que también es un "derecho recogido en el título primero de la Constitución". Esta reforma, dijo, afectará a la forma de organizar el trabajo de los tribunales, ya que los expedientes matrimoniales se tramitan ante los registros de los juzgados civiles, además de tener efectos en los procedimientos de adopción y todo lo relacionado con los regímenes económicos matrimoniales.

Desde la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) su portavoz José Manuel Suárez Robledano calificó de "anormal" y "fuera de lugar" la decisión, mientras que Jueces para la Democracia eludió emitir cualquier tipo de comentario al respecto y la asociación Francisco de Vitoria estimó que esto significa romper una tradición. Suárez Robledano observó que la Ley establece que los anteproyectos de ley que afecten a la Administración de Justicia "deben ser informados por el Consejo General del Poder Judicial".

El portavoz de la Asociación de Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, indicó que "cualquier reforma que afecte al derecho sustantivo o procesal debería seguir contando con el informe del Consejo". Torres Vela, aunque dijo respetar la decisión del Ejecutivo, insistió en la idea de que el órgano de gobierno de los jueces "debe informar de todos los proyectos de ley que afectan a la Justicia", y, por tanto, también los que modifiquen el Código Civil, como ocurre con el anteproyecto aprobado este viernes.

El último episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Consejo se produjo a propósito del dictamen que el Gobierno solicitó con carácter de urgencia a este órgano sobre la reforma de los nombramientos de los magistrados de la cúpula judicial. En su reunión del pasado 29 de septiembre, la Comisión de Estudios del CGPJ elevó una propuesta al Pleno, que será estudiada el próximo miércoles, referida a que el plazo para emitir su dictamen sea el ordinario de 30 días hábiles y no el extraordinario de 15, al estimar que el Gobierno no había motivado la urgencia aludida.

El plazo para la emisión de este informe es significativo porque de ello depende que la reforma entre antes o después en vigor y, de este modo, afectar o no a varios nombramientos que están previstos e entre ellos las presidencias de cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo. La reforma supondrá que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los TSJ requieran una mayoría de tres quintos en el CGPJ, cuando hasta ahora basta una mayoría simple. En la actualidad, los vocales elegidos a propuesta del PP cuentan con esa mayoría simple, ya que suman once frente a seis elegidos a propuesta del PSOE, uno por IU, otro por CiU y el independiente o designado por consenso del PP y PSOE.