"Nuestra opinión es muy clara: esa obra requiere de la declaración de impacto ambiental; lo está exigiendo la CE y el Ayuntamiento debería cambiar su actitud y dar satisfacción a lo que le piden", afirmó. Aunque reconoció que la carta recibida este martes todavía no es una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y que el Ayuntamiento "tiene derecho a defenderse como en cualquier proceso", recordó que se ha pedido financiación europea para llevar a cabo la obra, "aproximadamente 1.500 millones de euros, que en estos momentos están en suspenso".
"Eso significa -dijo- que si el Ayuntamiento persevera en no aceptar esta carta de emplazamiento tendrá que buscar otra financiación para la obra y puede haber consecuencias en el encarecimiento de la viabilidad financiera". Lamentó "profundamente" la interpretación que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid "en el sentido de querer atribuir a la incorrecta trasposición de la Directiva Europea por parte del Gobierno español la ejecución de esta obra sin declaración de impacto ambiental".
La ministra aprovechó sus declaraciones para recalcar que aunque un Estado miembro haga una deficiente incorporación de la legislación europea, los proyectos en ese país "tienen que someterse a las normas europeas" y además en 2001, "bajo el Gobierno del PP", hubo una "inadecuada" trasposición de la Directiva Europea en esta materia, que fue solucionada el pasado jueves al aprobar la ley de Evaluación Estratégica de Planes y Programas.
"Hemos aprovechado esa norma para corregir aspectos de la legislación española en materia de impacto ambiental que habían sido mal incorporados por el anterior Gobierno, pero aunque la legislación hasta ahora haya tenido alguna carencia el proyecto no se adecúa a las exigencias europeas y por lo tanto ahí es donde reside la razón de esta carta de emplazamiento", reiteró. La carta es un documento "extenso" en el que se explica los aspectos por los que la Comisión Europea cree imprescindible que esa situación sea sometida a declaración de impacto ambiental, "tanto por su carácter de vía rápida como porque modifica la situación urbanística de Madrid", indicó Narbona.