L D (EFE) La ministra de Medio Ambiente acusó al ex ministro Jaume Matas de haber tenido, durante su mandato al frente de ese Departamento, informes científicos contrarios al trasvase del Ebro que "guardó en un cajón" porque no eran favorables a la política del PP. En una entrevista, en Onda Cero, Narbona explicó que, desde el año 2000, existen "informes de científicos y expertos contrarios al trasvase, que solicitó el ministro Jaume Matas, que pagó con dinero público y que cuando los conoció y vio que eran desfavorables los guardó en un cajón".
Narbona explicó que "conocemos todos los informes porque sus autores los hicieron públicos al margen de que, desde el Ministerio, no querían que apareciesen. Los informes existen y están a disposición de quien quiera". La ministra también se refirió a los informes de la Comisión Europea, que afirman que el trasvase del Ebro sería una obra "irracional y de gran impacto ambiental, mucho más que las alternativas que estamos planteando".
Según manifestó, llevar agua desde el Ebro hasta Almería con el trasvase "hubiera requerido un 30 por ciento más de consumo de energía que el conjunto de las plantas desalinizadoras previstas". Explicó que "para recorrer los 900 kilómetros estaban previstos once bombeos de agua que hubieran necesitado una central eléctrica de 1.000 megavatios funcionando todo el año".
En definitiva, Narbona señaló que se trata de poner en marcha una "nueva política del agua que tendrá como eje principal el control público de un bien público"."Vamos a reformar -dijo- las confederaciones hidrográficas, crear Bancos públicos del agua, evitar el mercado negro del agua y el exceso de explotación de los acuíferos".
La ministra insistió en que el trasvase era "inviable desde el punto de vista económico, un gasto público de 4.200 millones de euros, que, además, se planteó sin fijar las tarifas que se iban a cobrar por el agua trasvasada y tampoco se definió quienes eran los usuarios, ni cómo se iba a almacenar el agua".
Narbona explicó que "conocemos todos los informes porque sus autores los hicieron públicos al margen de que, desde el Ministerio, no querían que apareciesen. Los informes existen y están a disposición de quien quiera". La ministra también se refirió a los informes de la Comisión Europea, que afirman que el trasvase del Ebro sería una obra "irracional y de gran impacto ambiental, mucho más que las alternativas que estamos planteando".
Según manifestó, llevar agua desde el Ebro hasta Almería con el trasvase "hubiera requerido un 30 por ciento más de consumo de energía que el conjunto de las plantas desalinizadoras previstas". Explicó que "para recorrer los 900 kilómetros estaban previstos once bombeos de agua que hubieran necesitado una central eléctrica de 1.000 megavatios funcionando todo el año".
En definitiva, Narbona señaló que se trata de poner en marcha una "nueva política del agua que tendrá como eje principal el control público de un bien público"."Vamos a reformar -dijo- las confederaciones hidrográficas, crear Bancos públicos del agua, evitar el mercado negro del agua y el exceso de explotación de los acuíferos".
La ministra insistió en que el trasvase era "inviable desde el punto de vista económico, un gasto público de 4.200 millones de euros, que, además, se planteó sin fijar las tarifas que se iban a cobrar por el agua trasvasada y tampoco se definió quienes eran los usuarios, ni cómo se iba a almacenar el agua".