L D (Europa Press) El Defensor del Pueblo ha constatado que, aunque los municipios tienen competencias para la regulación de los usos de las vías urbanas y "el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado", existe "una notable constricción" para los ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades, a la hora de aparcar sus vehículos particulares. En este sentido, la necesidad de abonar el impuesto de circulación correspondiente o la tasa establecida por aparcar en zona regulada, han generado un "descontento social cada vez mayor" y "una repulsa" al sistema de regulación de aparcamientos en los municipios en que están establecidos, según constata la Institución.
En esta línea de investigación, Múgica ha apuntado que generalmente no existen aparcamientos que no sean de pago en el centro de las ciudades, de ahí que se den situaciones en las que personas de ingresos bajos o medios deben afrontar multas u otras soluciones que les ocasionan desembolsos adicionales, como la compra de una plaza de garaje. También ha recordado que los empleados del sistema de regulación "no son autoridad ni agentes de autoridad", por ello, sus observaciones constituyen "denuncias voluntarias" que deberían ser notificadas conteniendo el texto íntegro del acto anunciado, en lugar de una "notificación sin elementos que permitan determinar la veracidad de lo imputad".