(Libertad Digital) Distintas organizaciones que luchan para conseguir la objeción de conciencia par la polémica asignatura de EpC se están organizando para contrarrestar la campaña emprendida por medios como La Sexta, Público o El País. A juicio de Arsuaga están presionando "en plan mafioso" a los magistrados del Tribunal Supremo que el próximo 26 de enero dictarán una importante sentencia sobre esta materia y que unificará los criterios de los distintos tribunales superiores de Justicia.
Según explicó en COPE, el argumento esgrimido por estos medios es que si se reconoce la objeción de conciencia se produciría "un boquete en el Estado de Derecho" y que provocaría que los padres pidieran también la objeción a asignaturas como las matemáticas. "Es algo totalmente falso", sentenció Arsuaga.
Sin embargo, Ignacio Arsuaga dijo que "precisamente una sentencia que reconozca los derechos de los padres está de alguna forma dando fundamento al Estado de Derecho que reconoce la Constitución, y sobre todo demostrará que el poder judicial es independiente del Gobierno y que puede reconocer esos derechos incluso cuando está sufriendo esas presiones gubernamentales".
"Nosotros confiamos en que el TS se pronunciará sobre la existencia del derecho a la objeción de conciencia y sobre su posible ejercicio ante la asignatura de EpC. Es posible también que se pronuncie sobre la legitimidad constitucional de los contenidos de la asignatura", añadió el presidente de Hazte Oir.
Arsuaga añadió además que en el caso de que el Supremo no apoyase sus reivindicaciones "nosotros seguiremos apoyando a todas las familias que quieran mantener esa objeción de conciencia. Hay que recordar que el último intérprete de la Constitución española es el Tribunal Constitucional: presentaríamos de inmediato un recurso de amparo, incluso pediríamos la suspensión cautelar de la sentencia del Supremo y si el TC tampoco nos diera la razón acudiríamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Está previsto que el próximo 26 de enero, el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados por las familias de objetores y las distintas administraciones públicas sobre Educación para la Ciudadanía.