Científicos y académicos critican la ley del aborto de Aído

(Libertad Digital) La comisión encargada de la revisión de la ley del aborto, en su mayoría formada por reconocidos abortistas, ha de enfrentarse a la oposición de más de trescientos intelectuales y científicos que han firmado un manifiesto que enmienda la totalidad del proyecto de la ministra Aído.

El martes se presentará el denominado "manifiesto de los 300", en el que, según ABC, reputados científicos, profesionales e intelectuales de distintas ramas de la biomedicina, las Humanidades y las Ciencias Sociales defienden el derecho a la vida.

Bajo el título "ante la iniciativa gubernamental de una ley de plazos del aborto", la decisión ha sido liderada por los profesores Nicolás Jouve, catedrático de Genética; César Nombela, catedrático de Microbiologia; Francisco Abadía Fenoll, catedrático emérito de Biología celular: y Francisco Navascués Martínez, catedrático de Biología celular. El número de adhesiones el viernes ya había pasado de las 323.

La cifra, según ABC, es elevada ya que no es un texto abierto al público, sino que se ha buscado la excelencia y autoridad intelectual de los firmantes. Estructurado en doce puntos, el manifiesto "defiende la vida humana en su etapa inicial, embrionaria y final" y rechaza la "instrumentalización al servicio de intereses económicos e ideológicos". Exige también "una correcta interpretación de los datos de la ciencia en relación con la vida humana en todas sus etapas".

El texto también ironiza, dice ABC, sobre la terminología progresista: "un aborto no es sólo la "interrupción voluntaria del embarazo" sino un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana". También señala las consecuencias sociales del mismo, ya que "el aborto es una tragedia...Una sociedad indiferente a la matanza de cerca de 120.000 bebés al año es una sociedad fracasada y enferma".

También critica la posibilidad de que a los 16 años se pueda abortar sin consentimiento paterno: "Obligar a una joven a decidir sola a tan temprana edad es una irresponsabilidad y una forma clara de violencia contra la mujer", que "lejos de suponer la conquista de un derecho para la mujer", supone fijarla "como la única responsable de un acto violento contra la vida de su propio hijo.

Asimismo, considera que "una ley de plazos agrava la situación actual y desoye a una sociedad que lejos de desear una nueva Ley para legitimar un acto violento para el no nacido y para su madre, reclama una regulación para detener los abusos y el fraude de Ley de los centros donde se practica el aborto".