Martínez Camino responde a De la Vega que no hubo negociación sobre la LOE porque el Gobierno les dio la "ley cerrada"

1. El reconocimiento y la tutela efectiva de la libertad de enseñanza para los padres y para los centros. La CEE pidió que cambiara el sistema de admisión tanto para los padres como para los colegios, pero finalmente no fue posible llegar a un acuerdo.
2. En qué consiste la asignatura de educación para la ciudadanía. Aún no se sabe si esta asignatura, que se impondrá como obligatoria, es una moral que el Estado impondría a todos los alumnos sin el acuerdo con los padres.
3. El estatuto académico de la enseñanza de la religión en la escuela, que en actual proyecto de LOE permanece al margen, "en el alero", por lo que, en opinión de Martínez Camino, se encuentra "en vías de extinción", porque no se equipara con las demás.

No obstante, Martínez Camino admitió que hubo dos puntos en los que sí que estaba dispuesto a negociar con sus socios parlamentarios, que eran que desapareciese del texto de la ley (aunque se negaron a quitarlo del preámbulo) la concepción de la enseñanza como servicio público, por lo que sería el Estado el encargado de organizarlo y distribuirlo, lo que supondría un desconocimiento del principio de subsidiaridad, por el que al Estado le corresponde "apoyar a los padres y a las escuelas" que son los que deberían elegir la educación que más les conviene a sus hijos. El otro punto en el que el Estado se ha mostrado flexible sería en dar marcha atrás, para que los profesores de religión se equipararan con el resto de profesores y no, como apunta la LOE, dependieran en exclusiva de la Conferencia Episcopal.