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Malestar en la Policía de Sevilla con Interior por la imputación de tres mandos

Fuentes policiales de la Jefatura Superior de la Policía de Sevilla afirman que Interior ha cometido un monumental error al propiciar la imputación de tres mandos policiales por el robo de droga en Sevilla. Les consideran inocentes y hablan de obsesión desde Madrid.

Según fuentes policiales de la Jefatura Superior de la Policía de Sevilla, el ministerio del Interior, a través de los policías de Asuntos Internos dirigidos por Carlos Germán -implicado en el caso Faisán, en el que ha negado ser el famoso "chivato" ante notario -y enviados desde Madrid para investigar el robo de las drogas, ha cometido un monumental error al facilitar la imputación de los tres mandos policiales, el jefe de sección de la Udyco y los dos inspectores jefes de grupo. Otro inspector de grupo de la Udyco falleció hace poco a causa de un ictus cerebral provocado al menos en parte, según estas fuentes, por la situación de tensión que se vivía en la Brigada Judicial, en su rama de la Udyco. Este error ha desmerecido el prestigio de la policía judicial en Andalucía y ha perjudicado la imagen de los policías afectados.

Según fuentes dignas de todo crédito de la propia Policía Judicial, el malestar crece rápidamente en el Cuerpo de Policía de Sevilla por considerarse que los tres mandos imputados son absolutamente honestos, que han colaborado desde el primer momento con los profesionales de asuntos internos llegados desde Madrid hace más de un año y que fueron ellos mismos los que dieron el nombre de Lars Sepúlveda Madsen como presunto autor del robo de las drogas, ayudado de sus cómplices, de los que asimismo comunicaron el nombre. Precisamente fue Tarifa el mando que quiso que el subordinado Lars Sepúlveda dejara la Unidad por no fiarse de sus comportamientos. Poco después, Sepúlveda pidió la excedencia.

Las fuentes consultadas han apuntado que nadie se explica en el Cuerpo ni en la Comisaría General de Sevilla a qué se debe la obsesión traída desde Madrid para provocar la imputación, muy especialmente, de Francisco Tarifa, el jefe de la sección de Udyco de la Brigada de la Policía Judicial. A lo largo de todo el año, Tarifa ha sufrido pinchazos de teléfono, el robo del disco duro (CDU) de su ordenador y diferentes hechos relativos a un espionaje sistemático por parte de sus compañeros de Asuntos Internos sin que haya más explicación que los presuntos retrasos iniciales en dar a conocer los hechos.

Estos retrasos, según las mismas fuentes, fueron ocasionados por la dificultad en el reconocimiento de los paquetes nuevamente hechos a mano por los ladrones, en los que se encontraron huellas y otras pruebas. Tales pruebas y análisis llevaron un tiempo necesario para poder confirmar que en efecto había sido un robo. De hecho, informaron al instante al jefe de la Brigada, al jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra y a la juez. .

Además, fue el propio jefe Tarifa el que, no en una ocasión sino en muchas, remitió escritos oficiales a la Jefatura de la Policía de Sevilla denunciando la situación absolutamente impropia del almacenamiento de la droga en las dependencias policiales y pidiendo fuese retirada de las mismas por no haber garantías mínimas ni de conservación ni de vigilancia.

Durante todo este año, los agentes de la Udyco se han visto sometidos a una vigilancia continua, dado que todos los componentes del departamento tenían acceso al lugar en el que se guardaba la droga. Todos ellos han tenido que prestar declaración ante sus compañeros que investigan el robo de los estupefacientes y también se han sometido voluntariamente a pruebas de ADN. Esta presión se ha traducido en muchos casos en la necesidad de recibir asistencia psicológica.

Este fin de semana, el ministerio del Interior ya dio muestras de dar marcha atrás cuando, a pesar de producirse la imputación, decidió no tomar medida alguna contra estos tres mandos policiales y mantenerlos en sus puestos. Lo que en principio fue interpretado como una actitud pasiva del Ministerio, puede revelarse en los próximos días como la corrección de un profundo error que ha afectado a la imagen profesional de la Policía en Sevilla y al prestigio de tres de sus mandos.

Lamentablemente, dicen sus amigos, se investiga y espía a los policías pero no se sabe nada del destino de la droga que es imposible haya desaparecido por su enorme cantidad y volumen.

La juez Escribano levanta el secreto del sumario

A pesar de los intentos de muchos de los compañeros de estos tres mandos de informar del error a la juez  ésta decidió dar credibilidad al informe de Asuntos Internos en el que inducía a la imputación de estos tres policías al establecer una relación entre el retraso de la comunicación del robo y el encubrimiento del mismo.

Ayer mismo, la juez de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, que investiga el robo de 150 kilogramos de cocaína y heroína de los depósitos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, acordó levantar de forma total el secreto de la causa. Recuérdese que hay imputadas siete personas, tres de ellas mandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional a los que se acusa de tener información sobre el robo y no denunciarlo a tiempo.

El jefe de la Udyco de Sevilla y los inspectores jefes de los grupos 2 y 3, respectivamente,  comparecieron el pasado viernes voluntariamente y en libertad como imputados por tener información sobre el robo de la droga "antes de que estallara" el asunto y no ponerlo en conocimiento de la autoridad policial y judicial. Curiosamente, la Juez Escribano no ha adoptado medidas cautelares contra ninguno de los tres imputados, que de esa forma continuarán en libertad.

Los tres mandos negaron ante la juez los cargos que se les imputan y aseguraron que fueron ellos los que suministraron los datos que llevaron a Asuntos Internos a detener a los autores del robo.

Es más, según las fuentes a que nos venimos refiriendo, incluso han sido ellos mismos los que han contribuido a salvar en  parte  la legalidad del procedimiento judicial. De hecho, la Juez ordenó la extracción de ADN a bastantes agentes de policía, extracción que legalmente sólo puede hacerse a los imputados, por lo que policías de experiencia se negaron a tal extracción forzosa que, de haberse realizado, hubiera viciado el procedimiento y facilitado la nulidad de las actuaciones. Por ello, aceptaron presentarse voluntariamente para que les fueran extraídas las muestras.

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