Recuérdese que los hosteleros andaluces eran partidarios en 2006 de la prohibición total del tabaco en los establecimientos hosteleros y que el gobierno se negó a ello. Hace unos días, los hosteleros españoles anunciaron que podrían perder unos 33.300 millones de euros en 2010 con el endurecimiento de la denominada Ley Antitabaco, que dará "la 'puntilla'" a los medianos y pequeños establecimientos que sobrevivan a la crisis.
Entre las razones que ofrecen las diferentes administraciones para abogar por la prohibición total del tabaco en establecimientos públicos destaca su influencia sobre los llamados «fumadores pasivos», cosa que ya se sabía en 2006. Como se sabía que más del 40% de los mayores de 16 años se encuentran expuestos al humo en lugares de ocio, una cifra que se reduce al 26,52% en el caso de los menores de 16, según la Encuesta Nacional de Salud de 2006.
Hace unos días, los hosteleros españoles anunciaron que podrían perder unos 33.300 millones de euros en 2010 con el endurecimiento de la denominada Ley Antitabaco, según la Federación Española de Hostelería (FEHR), desde donde aseguran que esta medida "dramática" dará "la 'puntilla'" a los medianos y pequeños establecimientos que sobrevivan a la crisis. El adjunto al presidente de la FEHR, José Luis Guerra, dijo que la crisis ha generado un retroceso de las ventas del 20% en el sector -que factura unos 111.000 millones de euros al año- y que en 2010 experimentará "una caída adicional del 10%" con la prohibición de fumar en todos los locales.
La prohibición total de fumar en bares, restaurantes y discotecas que plantea el Gobierno para 2010 ha llenado de «indignación» al sector hostelero, tal como manifestó el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería (FAH), José Manuel Ledesma. Y es que a partir de cálculos de esta federación, Ledesma afirma que la prohibición de fumar en todos los locales tendrá como consecuencia, en los establecimientos de más de cien metros cuadrados, la «pérdida de una media de unos 30.000 euros anuales por establecimiento», en un momento, además, marcado por la crisis económica.
Inseguridad jurídica y engaños
Pero hay más motivos para el malestar creciente de la hostelería andaluza. A estos gastos procedentes de la ambigüedad política del gobierno, gastos que podrían haberse evitado prohibiendo totalmente el consumo de tabaco en lugares públicos en 2006 y no, como se hizo, obligando a adaptar los locales para distinguir entre fumadores y no fumadores, se une la inseguridad jurídica derivada ya que no se sabe el tiempo preciso en que se fraguará la nueva ley. Primero se habló de enero. Luego se anunció que Sanidad enviaría el borrador al Congreso en febrero, para aprobar en junio la Ley. En todo caso un momento inoportuno dada la crisis económica.
La nueva regulación dejará sin efecto práctico las puestas en marcha hace cuatro años por los hosteleros para adaptarse a la ley anterior. Entre estas últimas, destacó, por el elevado coste económico que tuvo para muchos empresarios, la obligatoriedad para los locales de más de cien metros de plantear zonas separadas de fumadores y no fumadores.
El decreto de la Junta andaluza en 2006, el más duro de España, obligaba a los establecimientos a separar ambas zonas con materiales sólidos, de suelo a techo y con puerta de acceso. El requerimiento, complementado con sistemas de extracción de humos, supuso para bares, restaurantes y discotecas un coste de entre 6.000 y 18.000 euros, que a partir de la prohibición total de fumar del 1 de enero perderán completamente su utilidad.
El sector, señala Ledesma, «no ha amortizado esas inversiones por lo que reclamarán a las administraciones que les «devuelvan el dinero invertido» en adaptar los locales a una normativa que sólo ha estado cuatro años en vigor.
Además se sienten engañados por el gobierno y la Junta ya que en 2006 se les confirmó la estabilidad y permanencia de las normativas, cosa que no ha ocurrido. De hecho, según recordó, los hosteleros hubieran preferido entonces una prohibición total, antes de volver a enfrentarse a un cambio de normativa que dejará sus inversiones obsoletas.
Por si fuera poco, la normativa obliga a los empresarios a actuar como "policías del cliente" y, para rizar el rizo, si el cliente fuma la multa será de 30 euros, pero será de 600 euros para el empresario.
La nueva ley quiere acabar con el tabaco en todos los bares, cafeterías y restaurantes, incluidos los de menos de cien metros. Hace cuatro años, el 90% de los locales de estas características optaron por permitir fumar, ya que los que se decidieron por no permitirlo registraron pérdidas de un 40% en sus ingresos.
El consumo sube
Uno de cada tres españoles (31,5%) de más de 16 años reconoce haber fumado tabaco en el último año, bien de forma habitual u ocasionalmente, según datos provisionales de la Encuesta Europea de Salud en España del INE, lo que refleja un «ligero repunte» del consumo de tabaco respecto a los últimos datos disponibles, de 2008. Así, el porcentaje de fumadores ha aumentado dos puntos en el último año y medio, ya que en 2008 se declaraban fumadores habituales u ocasionales el 29,5% de la población.
No es nueva la petición ni el malestar
La Federación Andaluza de Hostelería ya anunció en mayo de este año que pediría compensaciones y ser resarcidos por las inversiones efectuadas para separar espacios de fumadores o no fumadores si se modificara la Ley Antitabaco y se decidiera extender a todos los locales la prohibición de fumar en espacios públicos.
En ese sentido, aseguró que los hosteleros están cumpliendo la actual normativa y agregaron que en el caso de que se modificara la Ley Antitabaco "la acataremos, pues estamos supeditados a lo que establece la normativa respecto al tabaco".
Las fuentes recordaron que la federación andaluza fue partidaria de la prohibición total de fumar y desde el principio planteó que en ningún establecimiento hostelero se pudiera fumar, pero recordaron que la Junta hizo caso omiso a esa petición "y nos hicieron entrar a los empresarios en gastos e inversiones para separar espacios en nuestros locales".
Agregaron que ese resarcimiento se efectuaría presentando a la Junta las facturas emitidas por las inversiones efectuadas, para que las administraciones abonen esos gastos realizados.