La movilización tenía por objeto mostrar su desacuerdo con el Decreto de Reordenación del Sector Público Andaluz, a través del cual la Agencia se fusiona con Egmasa, proceso que los operarios consideran que lesiona sus derechos laborales. Curiosamente, una de las imágenes que encabezaba la protesta fue la composición sobre Chaves y Griñán elaborada por Libertad Digital cuando se produjo la sucesión entre ambos. Nos alegramos de que haya tenido esta utilidad.
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El motivo de la movilización es que se derogue el Decreto que la Junta aprobó a finales de julio, objetivo compartido por todos los sindicatos con representación en la función pública, que ayer participaron en ésta y en otras movilizaciones. Cuenta ABC que "mostraron su apoyo a los concentrados el presidente del PP-A, Javier Arenas; el líder regional de IU, Diego Valderas, y la secretaria general del PA, Pilar González."
En el caso concreto de la Agencia del Agua, los manifestantes aseguraron que el Decreto vulnera las actuales condiciones laborales de los empleados públicos, ya que pierden derechos adquiridos y antigüedad.
Ayer mismo, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, respondió a dos preguntas sobre este conflicto. Según él, la Junta ha sido escrupulosa a la hora de mantener las garantías laborales y negó que se vaya a poner en riesgo la estabilidad de los puestos de trabajo o que se quiera vulnerar los derechos ya consolidados.
Por el PP, Carolina González Vigo acusó a Trillo de frívolo e incierto, dijo que el decreto era "un decretazo contra la función pública" y que se había despreciado a los trabajadores. Según González Vigo, con ello se firmó el acta de defunción de la Agencia del Agua y llenó de incertidumbre y desasosiego a los casi 4.000 empleados que dependen de la misma, "atropellando sus derechos".
José Antonio Castro, de IU, mostró su preocupación por la desaparición de la Agencia y su integración en un ente público-privado, a partir de lo cual se produce una transferencia de competencias "de un órgano totalmente público a otro que se regirá en parte por el Derecho Privado".
Durante la concentración que los trabajadores celebraron ante el Parlamento, diez de ellos accedieron a la tribuna de invitados de la Cámara. Concluida la parte del debate en la que el presidente Griñán responde a las interpelaciones de la oposición, los empleados de la Agencia interrumpieron la sesión con gritos contra la privatización de la gestión del agua, momento en el que fueron desalojados sin más incidentes.
Los trabajadores públicos admiten que la Junta está intentando "colar a enchufados"
Esto es lo que siempre hemos defendido desde Libertad Digital.
Desde que accedimos en exclusiva al borrador de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se aprobaba el Plan de Reordenación del Sector Público, lo expusimos. El plan era y es una clara apuesta por la consolidación de la administración paralela que la propia Junta de Andalucía ha venido creando a lo largo de los últimos 25 años, y en la que no sólo pervive esta administración paralela, sino que, por primera vez, la creación de Agencias va a integrar con los mismos derechos al personal funcionario, al personal laboral de la Administración General, y al personal de los entes instrumentales de empresas públicas, fundaciones y consorcios.
El personal de las empresas públicas y organismos sin control parlamentario alguno será el gran beneficiario de la creación de las Agencias. En primer lugar mantiene su convenio de origen hasta que se negocie el Convenio Unificado de la Agencia, momento en que se iguala en derechos con el personal laboral y funcionario de la administración general de la Junta de Andalucía integrado en la Agencia. Pero recuérdese que este personal de empresas públicas y fundaciones, que será así personal público de la Junta andaluza, no ha pasado por los principios reguladores del acceso a la función pública andaluza marcados en la Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Es decir, no ha pasado ni por oposiciones, ni concurso-oposiciones, ni por concursos. Al pasar a estas Agencias y al entrar en vigor el Convenio Único de la Agencia, se igualan en derechos al personal laboral y funcionario de la administración general integrado en estas agencias que sí han pasado por los procesos regulados de acceso a la función pública andaluza recogidos en la citada Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Esto es, la Junta andaluza quiere blanquear de ese modo todo el empleo "negro" creado a dedo en su Administración Paralela promoviendo, además, una sabrosa operación electoral porque la medida va a afectar a un mínimo de 28.000 votantes de tales empresas y organismos.