Los suizos aprueban en referéndum un fuerte endurecimiento de las leyes de asilo y extranjería

L D (EFE) Dichas leyes, que han provocado una de las mayores polémicas de los últimos años en Suiza, restringen fuertemente las posibilidades de obtener el estatus de refugiado o de establecerse en este país con fines laborales, particularmente en el caso de los inmigrantes de países de fuera de la Unión Europea.

La Ley sobre el Asilo fue aprobada por un 52 por ciento de los votos en Ginebra, 52,9 en Neuchatel y 52,8 en Jura, frente al masivo 77 por ciento del cantón de Glaris, el 76 por ciento de Argovia y el 73 por ciento de Lucerna. Con respecto a la Ley de Extranjería, la tendencia es similar con un 53 por ciento de votantes a favor en Ginebra, 52 por ciento de apoyo en el cantón de Neuchatel y 52,7 en Jura, hasta el 72 por ciento obtenido en el cantón de Uri o el 76 por ciento de Glaris y Argovia.

 Una de las primeras reacciones frente a este resultado fue la del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Christophe Darbellay, quien afirmó que ahora el Gobierno deberá aplicar una política coherente de integración de los inmigrantes para evitar "los guetos a la francesa". Sobre el asilo, dijo que el resultado del referéndum "no debe entenderse como un cheque en blanco para cerrar las puertas" a quienes son víctimas de persecución, pero consideró que será útil para luchar contra los abusos.

Ambas leyes contaban con el respaldo del Gobierno Federal, que las justificó por la necesidad de contar con medidas más rígidas para impedir excesos en materia de asilo, evitar de esa manera tensiones sociales y, al mismo tiempo, brindar protección a las personas realmente en peligro.

El principal promotor de esas normas, el ministro de Justicia y líder del partido de derecha Unión Democrática de Centro (UDC), Christoph Blocher, argumentó durante el debate que "hay muchos extranjeros en el país" y que esas normativas servirán para desalentar a potenciales nuevos inmigrantes. Los opositores a dichas leyes –un amplio espectro de organizaciones sociales, religiosas, sindicales y partidos de izquierdas– las calificaron de "racistas y xenófobas". Esta votación ha coincido además con la intensificación del debate sobre la inmigración en Europa.