Los principales puntos de la LOE

L D (EFE) Los principales puntos de la LOE son los siguientes:

- La Educación se concibe como un servicio público, esencial de la comunidad, que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social.

- El 55 y el 65 por ciento de los horarios escolares se dedicarán a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, según CCAA con lengua cooficial o no.

- La educación infantil es voluntaria, gratuita entre los 3 y los 6 años, las administraciones garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con los privados. El aprendizaje de un idioma extranjero comenzará a los 5 años.

- Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO):

Los alumnos podrán repetir una vez en Primaria y dos en ESO y sólo en una ocasión por curso. En ESO, promocionarán con dos suspensos como máximo y "excepcionalmente" con tres cuando el equipo docente lo considere oportuno. Habrá planes específicos de refuerzo o recuperación para todos estos estudiantes, y las administraciones educativas regularán las condiciones para las pruebas extraordinarias de recuperación.

Desde tercero de ESO, se prevén diversificaciones del currículo para el alumnado que lo necesite.

Habrá evaluaciones de diagnóstico al terminar cuarto de Primaria y segundo de ESO, que serán competencia de las administraciones.

En Primaria y Secundaria, se incorpora la nueva área Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. En cuarto de Secundaria se podrá estudiar una segunda lengua extranjera.

Los mayores de 16 años que no se hayan graduado en ESO y excepcionalmente los de 15 podrán acogerse a programas de cualificación profesional inicial.

- El Bachillerato tendrá tres modalidades (Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales), con materias comunes como Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Filosofía y Ciudadanía.

- Para acceder a la Universidad, habrá una única prueba y se tendrán en cuenta las calificaciones del Bachillerato.

- Admisión de alumnos:

Las administraciones regularán la admisión en centros públicos y privados concertados con garantía del "derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro". Se establecerán las "mismas áreas de influencia" para los centros públicos y concertados de un mismo municipio o ámbito territorial.

Las administraciones "podrán" constituir comisiones u órganos de garantías de admisión, con funciones de supervisión. Los alumnos deberán "respetar" el carácter propio del centro y la elección de éste implicará "aceptar" el proyecto educativo.

- Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (inmigrantes entre ellos):

Las administraciones atenderán a su "adecuada y equilibrada distribución", establecerán la "proporción" que deba ser matriculada en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios para ello.

Podrán reservar hasta el final de la matriculación una parte de plazas de los centros públicos y concertados y autorizar un aumento de hasta el 10 por ciento del máximo de alumnos por aula en todos los de una misma área para atender la escolarización tardía inmediata.

- Concertación:

Los centros privados "podrán acogerse" a la concertación educativa, con preferencia para los que atiendan poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables. La cuantía global para los conciertos buscará hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas.

Todas las partidas de los módulos de concierto se revisarán anualmente en un porcentaje equivalente al de las retribuciones de los docentes dependientes de las administraciones del Estado. Los centros no podrán percibir cantidades de las familias por las enseñanzas gratuitas ni imponerles la aportación a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanza que les implique un desembolso.

- Financiación:

El Estado y las CCAA acordarán un plan de incremento del gasto educativo para los próximos diez años para la equiparación con la media de la UE. Una memoria de 7.033 millones de euros de gasto adicional en cinco años acompaña a la ley.

- La religión católica será de oferta obligatoria en los centros y voluntaria para los alumnos, y las otras se ajustarán a los acuerdos con las respectivas confesiones.

- Se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

- Se reconoce el derecho de reunión de los alumnos.

- Profesorado:

Reducción de interinos en cuatro años y jubilación voluntaria a los 60 años durante el calendario de aplicación de la ley.