(Libertad Digital) Los plazos de admisión de alumnos para el curso 2007-2008 ya están abiertos en los centros públicos y concertados de muchas comunidades autónomas y aunque la LOE –en vigor desde mayo de 2006– establece los criterios que rigen el proceso (rentas anuales o discapacidad) es la comunidad autónoma la que decide la elección del colegio.
Es reseñable que en las comunidades en las que gobierna el PSOE los padres no podrán elegir el que más les guste. En el caso de Cataluña, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo será el único criterio a tener en cuenta y los padres sólo podrán elegir entre seis escuelas que la Generalidad les especifique en una carta. En estos casos, la administración utiliza "los sistemas más avanzados de cartografía" para ofertar los tres centros públicos y concertados más cercanos.
Según informa este lunes La Razón, asociaciones como Profesionales por la Ética ya se han quejado: "Como padres tenemos derecho a elegir cualquier centro. ¿Y si nos gusta el que está en la otra punta de la ciudad?". Estas críticas se suman a las de las familias numerosas, que han perdido cualquier subvención adjudicada hasta ahora. Su situación sólo se tendrá en cuenta en caso de empate. En Andalucía se equiparan los puntos otorgados a una familia numerosa y una monoparental.
¡Qué cambie la víctima!
Otro aspecto que ha llamado la atención es que en caso acoso escolar, tanto en Cataluña como en Andalucía, será la víctima y no el agresor la que tendrá que cambiar de centro. Por otra parte, el Gobierno andaluz ha eliminado los 0,5 puntos que se otorgaban a los alumnos con enfermedades digestivas, entre los que estaban los celíacos.
Otro dato más de la poca libertad de decisión en comunidades gobernadas por el PSOE es que en regiones como Cataluña, Aragón o Asturias, a los padres que soliciten una plaza fuera del proceso ordinario no se les permitirá ponerse en contacto de forma directa con el centro que entiendan es el más conveniente para sus hijos. Además, aunque el colegio tenga plazas libres, será la comisión de escolarización la que decida la escuela definitiva para el alumno, que tienen para el curso que viene.
En el caso de Castilla-La Mancha, la denominada "comisión de garantías" supervisará "con carácter previo" las listas de admisión y para ello, han obligado a los centros a utilizar un programa informático concreto que –según han denunciado ya algunas organizaciones– dificultan el proceso de admisión de alumnos.