LD (Agencias) El II Encuentro Nacional de Objetores a Educación para la Ciudadanía, Organizado por Profesionales por la Ética y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), ha reunido en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo a 1.050 personas de toda España, según los organizadores.
En esta multitudinaria cita el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ha explicado que entre la batería de nuevas acciones contra la asignatura Educación para la Ciudadanía se puede pedir la retirada de los textos que impongan criterios morales.
El Supremo "ha complicado el problema"
La sentencia del Tribunal Supremo "ha complicado el problema", ha añadido Urcelay que ha defendido el "diálogo" entre el ministerio de Educación, Política Social y Deporte y los padres para solucionar el conflicto.
Urcelay que ha participado en la jornada que el movimiento de objetores ha celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo, ha añadido que la sentencia del Tribunal Supremo deja vías de actuación a los padres que son los que tiene la decisión última respecto a los medios e instrumentos legales a utilizar en defensa de sus derechos y libertades.
Mientras, uno de los padres objetores que acudió a la cita y portavoz de la plataforma "Lugo Educa en Libertad", David González, subrayó que las cuatro asignaturas que forman EpC y que abarcan todo el proceso educativo desde primaria hasta bachillerato "encierran un adoctrinamiento" que los padres no están dispuestos a aceptar.
"El Estado no es quién para adoctrinar, la educación moral de los niños es responsabilidad de los padres", puntualizó González.
Anulación de libros adoctrinadores
Entre otras acciones, los padres podrán presentar recursos judiciales que anulen determinados libros de texto, materiales y proyectos educativos y actos concretos de adoctrinamiento escolar y exigir a los centros educativos la programación de las asignaturas de EpC y el detalle de materiales didácticos.
Algunas de las actuaciones que han planteado Profesionales por la Ética son pedir a la Administración educativa estatal o autonómica la revisión de los decretos autonómicos que desarrollan EpC y en su caso retiren los libros de texto y materiales de carácter adoctrinador.
Presentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de las 4 sentencias emitidas por el TS y mantener vigentes los recursos judiciales presentados contra los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Andalucía, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha, son otras acciones a tener en cuenta por los padres para defender su derecho.