Los objetores a EpC llevan su lucha al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Los derechos de los padres españoles y el conflicto ocasionado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) protagonizaron la sesión celebrada en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Grégor Puppinck, director de la organización no gubernamental ECLJ (European Center for Law and Justice, Centro Europeo para la Ley y la Justicia), que tiene carácter consultivo en varias instituciones de la ONU, puso de manifiesto que el conflicto español de EpC vulnera los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En su intervención, Puppinck recordó que más de 50.000 padres han objetado a EpC, unas asignaturas obligatorias que se proponen expresamente formar la conciencia de los jóvenes afectando a los valores y a la intimidad de los alumnos y sus familias.

El director del ECLJ indicó que estas materias escolares entran en conflicto con las convicciones y la religión de numerosos padres, lo que ha dado lugar a 2.300 denuncias judiciales reclamando el derecho a objetar a EpC, obteniendo sentencias favorables en la mayoría de los casos. El Tribunal Supremo español negó a los padres ese derecho en febrero de 2009.

Puppinck concluyó su exposición afirmando que estamos ante un grave problema de libertad de conciencia, por lo que exige al Consejo de Derechos Humanos que inste al Gobierno español a rectificar su posición en el conflicto frente a los padres, dado que la polémica sigue vigente en el curso escolar que acaba de comenzar.

El ECLJ, con sede en Estrasburgo, es una de las entidades que representa a más de 300 españoles en su demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el conflicto de Educación para la Ciudadanía.

Para Leonor Tamayo, portavoz de Profesionales por la Ética, "es la primera vez que se presenta el conflicto español de EpC en una institución de la ONU, lo cual tiene una resonancia internacional sin precedentes". Tamayo recordó que en breve su plataforma presentará esta situación en otros organismos europeos relacionados con los derechos fundamentales.