(Libertad Digital) La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) prepara un texto firme ante la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía dada la poco intención del Gobierno de modificarla a pesar de la oposición con que se está encontrando en amplios sectores de la sociedad.
Según informa este miércoles La Razón, aunque se desconoce todavía este documento, sí parece claro que la mayoría de los obispos españoles consideran que la nueva asignatura "es inaceptable en la forma y en el fondo".
En cualquier caso, los prelados no cierra todas las puertas y el obispo de Jerez y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, Juan del Río, señalaba: "Todavía estamos a tiempo de llegar a un consenso, para que nadie se sienta violentado en su conciencia, porque los padres son los responsables de la educación de sus hijos".
A este respecto de la nueva asignatura, quiso dejar claro que no se oponen a todo lo que propone: "¿Quién va a decir que no se eduque a las nuevas generaciones en el respeto, en los valores democráticos y en los derechos humanos?". Sin embargo, también alertó de que "el Estado no puede asumir esta tarea de educador". En cualquier caso, ya se ha adelantado que "no será muy diferente" a la que ya se emitió anteriormente sobre la misma cuestión.
La Razón explica que en ésta, ya consideraban a la asignatura de Educación para la Ciudadanía "una formación estatal y obligatoria de la conciencia" que no respeta el derecho constitucional de los padres a elegir la "formación religiosa y moral que deseen para sus hijos". Igualmente, también se alertaba entonces de que se trataba de imponer "el relativismo moral y la ideología de género".
Además, también hacía una mención velada cuando el texto afirmaba que los padres debían defender su derecho a elegir la educación moral para sus hijos "con todos los medios legítimos a su alcance". Sobre esto, el arzobispo de Toledo, el cardenal Antonio Cañizares, hizo pública una nota en la que reconocía que la objeción de conciencia no debe imponerse a nadie, aunque los padres que opten por ella están apostando "por la defensa de vuestros hijos, por la tutela de los derechos fundamentales y contribuyendo al bien común".