L D (EFE) Los obispos del Comité Ejecutivo, a través de un comunicado hecho público a últimas horas de esta tarde, se dirigen a las familias, a la comunidad educativa y a la opinión pública para informarles, dicen, sobre la postura de la Iglesia en relación con el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación "ante las consecuencias que de ella podrían derivarse" En una primera valoración, agrega la nota, "constatamos que algunos planteamientos del Anteproyecto pudieran conducir a cercenar la libertad de enseñanza consagrada por la Constitución Española, restringiendo seriamente la legítima autonomía y libre elección de centro, así como las garantías necesarias para el pleno desarrollo de su carácter propio".
En relación con la Formación Religiosa y Moral Católica, el Anteproyecto le da un tratamiento semejante al que le otorgaba LOGSE en 1990, es decir, la relega a una Disposición Adicional que se apoya solamente en el cumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede, afirman los prelados. La CEE recuerda que en aquella ocasión manifestó su disconformidad, por considerar que, en este asunto, la LOGSE era insuficiente y no plenamente conforme con los Acuerdos mencionados, así como tampoco con la Constitución Española y las Declaraciones y Convenciones universales sobre Derechos Humanos y Libertades.
"Ahora, puntualizan, ni siquiera se ha tenido en cuenta la legislación posterior, de 1994, promovida por el propio Partido Socialista, cuando desempeñaba también responsabilidades de gobierno". Tras lamentar que no se hayan tomado en consideración las propuestas que la CEE presentó a la Ministra de Educación el pasado 21 de Diciembre, así como la de otros sectores afectados, el Comité Ejecutivo dice que éstas "no pretenden ningún privilegio para la Iglesia, sino el cumplimiento de los preceptos constitucionales y del Acuerdo internacional entre la Santa Sede y España".
En relación con la Formación Religiosa y Moral Católica, el Anteproyecto le da un tratamiento semejante al que le otorgaba LOGSE en 1990, es decir, la relega a una Disposición Adicional que se apoya solamente en el cumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede, afirman los prelados. La CEE recuerda que en aquella ocasión manifestó su disconformidad, por considerar que, en este asunto, la LOGSE era insuficiente y no plenamente conforme con los Acuerdos mencionados, así como tampoco con la Constitución Española y las Declaraciones y Convenciones universales sobre Derechos Humanos y Libertades.
"Ahora, puntualizan, ni siquiera se ha tenido en cuenta la legislación posterior, de 1994, promovida por el propio Partido Socialista, cuando desempeñaba también responsabilidades de gobierno". Tras lamentar que no se hayan tomado en consideración las propuestas que la CEE presentó a la Ministra de Educación el pasado 21 de Diciembre, así como la de otros sectores afectados, el Comité Ejecutivo dice que éstas "no pretenden ningún privilegio para la Iglesia, sino el cumplimiento de los preceptos constitucionales y del Acuerdo internacional entre la Santa Sede y España".
Piden que la Religión sea una asignatura más
Los obispos afirman que "es necesario que la clase de Religión sea una asignatura con los derechos y deberes de cualquier otra asignatura fundamental, o lo que es lo mismo, en paridad de tratamiento con las demás áreas fundamentales". Y reiteran que "han sido muchos los años en los que la enseñanza de la Religión ha estado sometida a una situación de precariedad curricular, a un cierto deterioro educativo y, desde luego, al desprestigio social desde la publicación de la LOGSE".
"No podemos admitir -dice el comunicado- los proyectos que, para la enseñanza de la Religión Católica, ha anticipado la señora Ministra de Educación en cuanto a la ausencia de materias alternativas a la Religión que sean adecuadas y en cuanto al propósito de no computar la evaluación de esta enseñanza en ninguno de los casos previstos". La CEE considera que "las consecuencias de estos proyectos pueden ser muy graves para la formación religiosa y moral de los alumnos" y ve "con preocupación la creación de la nueva área de Educación para la Ciudadanía".
La finalidad de esta materia y su obligatoriedad, dice el máximo órgano de representación de la Iglesia católica en España, "apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española". Es igualmente muy probable, añade, "que la imposición por parte del Estado de una determinada formación moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad ideológica y religiosa que consagra el artículo 16. 1 de la Constitución".
El comunicado concluye expresando el "desacuerdo" de la CEE con el anteproyecto, a la vez que reitera su "disposición al diálogo y su deseo de que la nueva Ley sea el fruto de un amplio acuerdo social y político en materia educativa".
Los obispos afirman que "es necesario que la clase de Religión sea una asignatura con los derechos y deberes de cualquier otra asignatura fundamental, o lo que es lo mismo, en paridad de tratamiento con las demás áreas fundamentales". Y reiteran que "han sido muchos los años en los que la enseñanza de la Religión ha estado sometida a una situación de precariedad curricular, a un cierto deterioro educativo y, desde luego, al desprestigio social desde la publicación de la LOGSE".
"No podemos admitir -dice el comunicado- los proyectos que, para la enseñanza de la Religión Católica, ha anticipado la señora Ministra de Educación en cuanto a la ausencia de materias alternativas a la Religión que sean adecuadas y en cuanto al propósito de no computar la evaluación de esta enseñanza en ninguno de los casos previstos". La CEE considera que "las consecuencias de estos proyectos pueden ser muy graves para la formación religiosa y moral de los alumnos" y ve "con preocupación la creación de la nueva área de Educación para la Ciudadanía".
La finalidad de esta materia y su obligatoriedad, dice el máximo órgano de representación de la Iglesia católica en España, "apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española". Es igualmente muy probable, añade, "que la imposición por parte del Estado de una determinada formación moral a todos los ciudadanos y a todos los centros educativos contradiga la libertad ideológica y religiosa que consagra el artículo 16. 1 de la Constitución".
El comunicado concluye expresando el "desacuerdo" de la CEE con el anteproyecto, a la vez que reitera su "disposición al diálogo y su deseo de que la nueva Ley sea el fruto de un amplio acuerdo social y político en materia educativa".