L D (EFE) La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reunida desde el pasado martes en Madrid, aprobó una nota pastoral en la que los obispos constatan -"con gran preocupación"- que el proyecto de la LOE "no responde a los problemas que tiene la comunidad educativa en cuanto a la formación integral de los alumnos".
Para los obispos, que confían en que durante el trámite parlamentario se podrán corregir algunas de las cuestiones con las que están en desacuerdo, el texto "no respeta como es debido" algunos derechos fundamentales. La CEE considera que se vulnera el principio libertad de enseñanza, el de creación y dirección de centros docentes de iniciativa social, el derecho preferente de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir y, por consiguiente, el derecho de libre elección de centro educativo.
Señala que El Proyecto de Ley atribuye a las Administraciones Públicas "tal poder, que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos". Los obispos afirman también que el proyecto de ley "cercena la libertad de enseñanza establecida por la Constitución Española (art. 27.1) y por numerosos Tratados y Declaraciones Internacionales ratificados por el Estado Español e ignora la doctrina del Tribunal Constitucional".
Expresan su preocupación por la creación de la nueva asignatura "Educación para la ciudadanía" y dicen que la "finalidad de esta materia y su obligatoriedad apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española en su artículo 27.3". En cuanto al tratamiento de los profesores de religión, dice la CEE, el texto legislativo "los convierte en empleados de la Iglesia", olvidando que trabajan en colegios de titularidad estatal, que forman parte del claustro a todos los efectos y que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la Administración es la empleadora de estos profesores.
"Esta nueva situación, creada unilateralmente, sin diálogo alguno -como es también el caso de los demás aspectos de la Ley anteriormente mencionados- es inaceptable jurídica, social y académicamente", afirman los prelados. La Conferencia Episcopal reitera que "se ha ofrecido reiteradamente a dialogar sobre estos temas con la Administración" y afirma que "no se ha obtenido contestación alguna". "No fue posible, apuntan en la nota pastoral, conocer las opiniones del Gobierno más que cuando la prensa publicaba los distintos Anteproyectos de Ley, que sucesivamente iban recortando la libertad de enseñanza y las garantías para el ejercicio del derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones".
Tras recalcar que la CEE "ha estado siempre abierta al diálogo", la Comisión Permanente puntualiza que "la reunión prevista para el pasado 22 de julio no se celebró, de común acuerdo, por carecer ya de utilidad, dado que ese mismo día el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley". Los prelados abogan por "un pacto escolar de Estado" que "dé estabilidad al sistema educativo y cree las condiciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la enseñanza".
Para los obispos, que confían en que durante el trámite parlamentario se podrán corregir algunas de las cuestiones con las que están en desacuerdo, el texto "no respeta como es debido" algunos derechos fundamentales. La CEE considera que se vulnera el principio libertad de enseñanza, el de creación y dirección de centros docentes de iniciativa social, el derecho preferente de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir y, por consiguiente, el derecho de libre elección de centro educativo.
Señala que El Proyecto de Ley atribuye a las Administraciones Públicas "tal poder, que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos". Los obispos afirman también que el proyecto de ley "cercena la libertad de enseñanza establecida por la Constitución Española (art. 27.1) y por numerosos Tratados y Declaraciones Internacionales ratificados por el Estado Español e ignora la doctrina del Tribunal Constitucional".
Expresan su preocupación por la creación de la nueva asignatura "Educación para la ciudadanía" y dicen que la "finalidad de esta materia y su obligatoriedad apuntan hacia una formación moral que impartirá el Estado al margen de la libre elección de los padres y que, por tanto, vulneraría el derecho que les garantiza a éstos la Constitución Española en su artículo 27.3". En cuanto al tratamiento de los profesores de religión, dice la CEE, el texto legislativo "los convierte en empleados de la Iglesia", olvidando que trabajan en colegios de titularidad estatal, que forman parte del claustro a todos los efectos y que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la Administración es la empleadora de estos profesores.
"Esta nueva situación, creada unilateralmente, sin diálogo alguno -como es también el caso de los demás aspectos de la Ley anteriormente mencionados- es inaceptable jurídica, social y académicamente", afirman los prelados. La Conferencia Episcopal reitera que "se ha ofrecido reiteradamente a dialogar sobre estos temas con la Administración" y afirma que "no se ha obtenido contestación alguna". "No fue posible, apuntan en la nota pastoral, conocer las opiniones del Gobierno más que cuando la prensa publicaba los distintos Anteproyectos de Ley, que sucesivamente iban recortando la libertad de enseñanza y las garantías para el ejercicio del derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones".
Tras recalcar que la CEE "ha estado siempre abierta al diálogo", la Comisión Permanente puntualiza que "la reunión prevista para el pasado 22 de julio no se celebró, de común acuerdo, por carecer ya de utilidad, dado que ese mismo día el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley". Los prelados abogan por "un pacto escolar de Estado" que "dé estabilidad al sistema educativo y cree las condiciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la enseñanza".