El texto, aprobado por 132 votos a favor y ninguno en contra, supone la regulación del aprendizaje de esta lengua, la formación y acreditación del profesorado que la imparte, y garantiza su uso en las administraciones públicas catalanas.
Esta ley también establece que la Generalidad de Cataluña debe difundir esta lengua y reconoce al Institut d'Estudis Catalans (IEC) como la institución académica que tiene que determinar sus normas e impulsar su investigación.
El vicepresidente del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, explicó que la nueva norma "otorga la dignidad que merece desde el punto de vista institucional" a la lengua de signos catalana, y matizó que no se trata de una imposición para las personas sordas, sino de un instrumento muy útil para aquellos que quieran utilizarla.
Destacó que el Parlamento "ha hecho justicia a una larga reivindicación que empezó hace 16 años" y aseguró que 25.000 personas se podrán beneficiar de su aprobación. Con esta ley, "Catalunya ha vuelto a ser pionera junto a Finlandia y Suecia", sentenció el vicepresidente.
La diputada de ERC Maria Mercè Roca valoró que el texto aprobado demuestra que "Catalunya es un país que cree en la diversidad cultural y apoya a las minorías lingüísticas". No todas las persona sordas se expresan mediante el lenguaje de signos, y en este sentido la diputada republicana aseguró que el texto era "una marca de libertad" que no obliga a nadie a utilizar la lengua de signos catalana, sino que protege a aquellos que decidan hacerlo.
Sin embargo, según se desprende del punto 5 de la ley, si un niño sordomudo decide optar por la enseñanza bilingüe, es decir, oral y mediante signos, será la lengua de signos catalana "la lengua vehicular, junto con el aprendizaje de las lenguas oficiales en Cataluña".