Custodiados por furgonetas policiales, un centenar de "manteros" reales y falsos han asfaltado hoy la calle más comercial del país con sus CD y DVD para pedir que su venta deje de castigarse con la cárcel y se les permita sobrevivir con una actividad que les reporta entre diez y quince euros diarios.
A lo largo de toda la madrileña calle Preciados, desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol, los "manteros" han extendido sus mantas blancas en el suelo y han portado pancartas con lemas como: "Mi manta es mi bocata", "Mucho ARTE es el quitar, al pobre, hasta su pan", "Sobrevivir no es delito" y "Si no vendemos ¿qué comemos?".
A la protesta, que se produce en coincidencia con la reforma del Código Penal, han asistido los actores Alberto San Juan y Willy Toledo, miembros de una plataforma de artistas que apoya esta causa y de la que también forman parte la cantante Bebe y la actriz Pilar Bardem, entre otros.
Entre las enmiendas introducidas por el PSOE en la tramitación de la reforma del Código Penal, formulada también por el CiU, figura que la venta al por menor de discos en la calle no suponga una pena de cárcel si el beneficio económico es inferior a los 400 euros.
Desde 2003, unas 500 personas han pasado por la cárcel por esta conducta y 96 están hoy presas, ha explicado a la prensa Alberto San Juan, que ha tildado de "insuficiente" la propuesta de los grupos parlamentarios. Según San Juan, además de tratarse de un cálculo muy subjetivo -sobre los 400 euros-, no impedirá que los "manteros" pisen la cárcel.
Al respecto, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la Plataforma "Ni un mantero en prisión", Julián Ríos, ha dicho que los 400 euros se refieren a los derechos que quedan perjudicados, no de los beneficios que obtenga el vendedor, la mayoría personas "sin papeles". Sin embargo, ha añadido, "no hay ninguna empresa de gestión de derechos de autor que valore una manta por debajo de los 1.500 o 2.000 euros".
El castigo no debe aplicarse en función del posible perjuicio, sino del beneficio que saque el vendedor, ha añadido Ríos, que ha defendido la protección de la propiedad intelectual pero sin aplicar el derecho penal, sino el administrativo, de modo que la venta no sea delito sino una falta.
"Los jueces, la policía y el derecho no pueden echarle tiempo a estas cosas, deben dedicarse a investigar los crímenes organizados, que es lo que preocupa, y no perseguir al último que vende".
En la manifestación, algunos de los inmigrantes han explicado que la venta de este material les permite, al menos, costear la alimentación y la habitación de la pensión.
Otros, como el senegalés Sise Mambai, sobrevive a duras penas, porque después de quedarse sin trabajo en 2008 se le deniega la renovación de su documentación porque tiene abierto un expediente anterior por la venta de CD en la calle. El deseo de Sise es marcharse a su hogar, pero no tiene dinero para retornar.