L D (EFE) "Ahora -prosigue Suárez- los narcos gallegos lo único que hacen es encargarse de la última fase del transporte de los estupefacientes a tierra, de ahí que se hayan convertido en meros transportistas de los cárteles colombianos".
Hasta hace unos años, supuestamente, los carteles colombianos se ocupaban del tráfico de cocaína hasta su entrega a los carteles españoles en alta mar, en el Océano Atlántico, y a partir de ahí eran estos los que se ocupaban de que la droga llegara a España y de su posterior distribución en este país y en el resto de Europa.
El portavoz de la Fundación ha advertido que los grandes golpes dados al narcotráfico a lo largo del 2003 no han impedido que el mercado gallego esté "totalmente abastecido" de sustancias ilícitas, sobre todo de cocaína. Esto es algo que saben "muy bien" los miembros de los cuerpos de seguridad, que son conscientes -añadió- de que las costas gallegas son un "auténtico coladero" de estupefacientes, pero, sin embargo, se ven "impotentes para acabar con esta lacra social".
Suárez ha recordado que cada año mueren en España 2.450 personas relacionadas con el tráfico de drogas, unos por alcoholismo, otros por el consumo directo de alguna sustancia y otros por contagio del SIDA. En opinión de Suárez, "la oferta existente actualmente es tremenda y eso lo demuestra el hecho de que el gramo de cocaína oscila en Galicia entre los 45 y los 52 dólares, mientras que en otras comunidades -dice- el precio supera los 150".
El portavoz de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico destaca el hecho de cada vez son más jóvenes las personas que se implican en asuntos relacionados con las drogas, circunstancia que atribuyó a la falta de castigos modélicos en las grandes operaciones. Acerca de la labor judicial contra el narcotráfico, reconoce que "se ha mejorado en muchos aspectos", pero insiste en la necesidad urgente de que se autorice "la prueba de indicios", un documento que haría, "sin duda, muchísimo daño a los narcotraficantes".
Con él, según Suárez, se lo pensarían mucho antes de seguir con sus actividades ilícitas porque, "además de las condenas de cárcel a las que se pueden enfrentar si son detenidos, perderían sus multimillonarios patrimonios".
Hasta hace unos años, supuestamente, los carteles colombianos se ocupaban del tráfico de cocaína hasta su entrega a los carteles españoles en alta mar, en el Océano Atlántico, y a partir de ahí eran estos los que se ocupaban de que la droga llegara a España y de su posterior distribución en este país y en el resto de Europa.
El portavoz de la Fundación ha advertido que los grandes golpes dados al narcotráfico a lo largo del 2003 no han impedido que el mercado gallego esté "totalmente abastecido" de sustancias ilícitas, sobre todo de cocaína. Esto es algo que saben "muy bien" los miembros de los cuerpos de seguridad, que son conscientes -añadió- de que las costas gallegas son un "auténtico coladero" de estupefacientes, pero, sin embargo, se ven "impotentes para acabar con esta lacra social".
Suárez ha recordado que cada año mueren en España 2.450 personas relacionadas con el tráfico de drogas, unos por alcoholismo, otros por el consumo directo de alguna sustancia y otros por contagio del SIDA. En opinión de Suárez, "la oferta existente actualmente es tremenda y eso lo demuestra el hecho de que el gramo de cocaína oscila en Galicia entre los 45 y los 52 dólares, mientras que en otras comunidades -dice- el precio supera los 150".
El portavoz de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico destaca el hecho de cada vez son más jóvenes las personas que se implican en asuntos relacionados con las drogas, circunstancia que atribuyó a la falta de castigos modélicos en las grandes operaciones. Acerca de la labor judicial contra el narcotráfico, reconoce que "se ha mejorado en muchos aspectos", pero insiste en la necesidad urgente de que se autorice "la prueba de indicios", un documento que haría, "sin duda, muchísimo daño a los narcotraficantes".
Con él, según Suárez, se lo pensarían mucho antes de seguir con sus actividades ilícitas porque, "además de las condenas de cárcel a las que se pueden enfrentar si son detenidos, perderían sus multimillonarios patrimonios".