Los barrotes defectuosos de Sevilla I que hicieron posible la fuga de dos presos fueron encargados al cuñado de Felipe González. Ya en 1989 el Partido Andalucista denunció el fraude en las obras de la cárcel y otras construcciones.
La edificación fue adjudicada por el Ministerio de Justicia a Dragados y Construcciones por más de tres mil millones de las pesetas.
Dragados subcontrató con la industria sevillana Talleres Palomino, propiedad de Francisco Palomino, cuñado de Felipe González, para hacer la herrería de la prisión y esta a su vez subcontrató un taller de Torreblanca,en Sevilla, para hacerlo.
En mayo de 1989, el entonces presidente del PA y candidato al Parlamento Europeo, Pedro Pacheco; el secretario de Información, José Luis Villar y el parlamentario Miguel Calvo denunciaron el fraude en las obras de la prisión y la reiterada presencia de Palomino en otras construcciones que se estaban realizando en Andalucía, como la Expo y la carretera A-92.
Ya en 1989 se puso de manifiesto la falta de consistencia de los barrotes de la cárcel y ahora. Precisamente ahora sabemos que ha sido la inadecuada hechura de las rejas de la cárcel lo que ha propiciado que los delincuentes , Rafael Hidalgo Castro y el marroquí Mohamed I.E, se fugaran de la cárcel Sevilla la semana pasada.
Aunque el herraje de las celdas tuvo que ser renovado años después de la construcción, las rejas por las que huyeron el cordobés en la madrugada del pasado jueves no han sido renovadas nunca, por lo que tienen su origen en el escándalo de la subcontrata al cuñado de Felipe González.
El PA ya mostró su asombro entonces por que la empresa del cuñado de González fuese la subcontratada por Dragados para obras de herraje, cerraduras etc, en la cárcel de Sevilla, encargos que éste a su vez subcontrató con pequeños talleres de la capital y provincia a precios inferiores de los presupuestados por la Administración.
En vez de cárcel, los andalucistas llamaron a este centro penitenciario "especie de casita de chocolate" no de alta seguridad para la reclusión, incluso de etarras, y presentó un informe con todas las deficiencias.
Entre ellas se encuentra la poca consistencia del material empleado para la fabricación de los barrotes y su consiguiente endeblez, que los hace fácilmente desmontables, teniendo en cuenta también su deficiente electrosoldadura. El entonces ministro de Justicia, el socialista Enrique Múgica, le restó importancia porque decía que la cárcel tenía un sistema electrónico de gran calidad.
Los andalucistas negaron irregularidades en las sucesivas contrataciones de las obras pero subrayaron el presunto tráfico de influencias y realizaron una serie de preguntas de control al Gobierno andaluz que no trajeron consecuencias.
Francisco Palomino se querelló contra Pedro Pacheco por verter sobre su persona delitos de injurias y calumnias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó su pretensión de una indemnización de cincuenta millones de pesetas porque entendió que la libertad de expresión en este caso tenía carácter preferente sobre el derecho al honor y porque el querellante no cuestionó la veracidad de los hechos