Lissavetzky dice que "el Gobierno cambia la formación por el ladrillo"
El PSOE ha denunciado que el Gobierno ha desviado 11 millones de euros de una partida presupuestaria destinada a "becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores" para el nuevo edificio de la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA).
Lissavetzky retó a la ministra a demostrar que el dinero no ha salido de esa partida y se comprometió a rectificar si no es así, y advirtió además que esa partida está financiada parcialmente con cantidades procedentes del Fondo Social Europeo.
Según el socialista, "el Gobierno cambia la formación por el ladrillo", y se mostró "perplejo" ante estas decisiones, en un país que ocupa los últimos lugares en cuanto a financiación pública de la investigación y el desarrollo pero que se permite "todo el lujo y el boato" para una Agencia "que su director ha convertido en un chiringuito y en un cortijo privado". El diputado informó además de que ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudo, para que exija al Gobierno que le entregue los informes y los datos que ha pedido sobre la ANECA. Lissavetzky lamentó que sea "imposible" conocer los puestos de trabajo de la Agencia, las retribuciones, su presupuesto, los vehículos que se han adquirido desde su creación, los viajes que ha efectuado su director y en qué clase, o el sueldo de éste, que cifró en unos 100.000 euros anuales.
Retó también al Ministerio a demostrar que ése no es el salario, advirtió que el sueldo supera el del presidente del Gobierno y duplica el de un catedrático, y lamentó que, aunque todos esos datos deban ser, a su juicio, públicos, no haya forma de conocerlos y de que el Ministerio los facilite al Parlamento. El portavoz socialista denunció algunas "irregularidades" cometidas por Ismael Crespo, y citó entre éstas la de conceder una beca a su mujer -a la que renunció posteriormente-, la "intertextualidad" de algunas de sus intervenciones, el "veto" que la ANECA ha puesto a la participación de algún profesor en seminarios y conferencias, o la "ineficacia" de su gestión.
Criticó además la "opacidad y la falta de transparencia" y se preguntó por qué el Ministerio de Educación se niega a hacer públicos esos datos "si no hay nada que ocultar". Jaime Lissavetzky denunció además la "complicidad" de la ministra, Pilar del Castillo, y advirtió que el PSOE podría llevar el caso a los tribunales si no obtiene una respuesta satisfactoria y para evitar "que el dinero público se gaste sin ningún control parlamentario".
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