Las resoluciones de TSJA prueban el descontrol del urbanismo andaluz

LD (Pedro de Tena) Además, hay un  numeroso grupo de imputados, mayoritariamente socialistas, en Ayuntamientos encausados por la Justicia. Ambos elementos constituyen una prueba irrefutable del descontrol y el caos del urbanismo andaluz bajo un gobierno  sospechoso, además, de participar, por acción u omisión, en el desmadre.

Las resoluciones judiciales

El Correo de Andalucía ha hecho un informe de estas resoluciones, que  no siempre se cuestionan, por exceso de intervencionismo las normas de la Junta. También hay fallos –como los emitidos por el hotel Algarrobico – que precisamente subrayan controles laxos y manga ancha al suelo urbanizable. Toda una marabunta de sentencias judiciales que responden a denuncias de alcaldes, empresarios y organizaciones ecologistas.

Estas son las sentencias:

Burguillos
En una sentencia con fecha del pasado 26 de enero, la sala del TSJA de lo contencioso administrativo de Sevilla dio un sonado varapalo a la Junta al fallar a favor del Ayuntamiento de Burguillos. Este pueblo de la Sierra Norte sevillana, gobernado por el PSOE, denunció que el Gobierno andaluz amputara 2.300 viviendas de su PGOU.

La Junta se amparó en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) –aprobado en el Parlamento en noviembre de 2006–, que impone un límite del crecimiento del suelo urbano del 40% y del 30% de la población en un periodo de ocho años. El alto tribunal cuestiona estas restricciones, asegura que sólo podrían aplicarse con razones muy fundadas y duda que la Junta pueda controlar el crecimiento. En este punto señala una invasión de las competencias municipales. Además cuando la Junta bloqueó el PGOU aún no se había aprobado formalmente el POTA.

La patronal impugnó el POTA tras ser aprobado en la Cámara. Precisamente los empresarios arremetían contra esos límites impuestos a través del POTA, que endurecía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Ensanche Sur de Huelva
Es uno de los contenciosos urbanísticos más largos que ha tenido la Junta con un Ayuntamiento, en esta ocasión el de Huelva, gobernado por el PP. Finalmente, y cuando ya ambas administraciones estaban negociando una salida con la construcción de 900 VPO y varios equipamientos públicos, el TSJA –en diciembre de 2008– falló como “factible” el desarrollo urbanístico previsto por el consistorio en esta zona de la capital onubense.

Era la quinta sentencia en cinco años y la que puso el punto y final. La Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento y determinó que el desarrollo de esa zona correspondía al consistorio sin necesidad del visto bueno de la Junta.

Chiclana
El TSJA anuló el pasado enero el plan urbanístico de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por su tramitación errónea. El PGOU, diseñado por el ayuntamiento, tenía el visto bueno de la Junta. El futuro urbanístico de una ciudad donde proliferan las irregularidades volvió a quedar en el aire. Dos años después de que la Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz diera su visto bueno, en marzo de 2007, el TSJA se pronunció a favor de los recursos presentados por particulares alegando que el texto en ningún momento se sometió en su totalidad a información pública. El Ayuntamiento recurrió al Supremo.

Costa de Huelva
El TSJA dictó sentencia en julio de 2008 declarando nulo el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Litoral Occidental de Huelva. La previsión inicial, de 1999, es que el plan se formulará en un año y finalmente vio la luz en 2006, siete años más tarde. El alto tribunal alegó defectos de forma y no entró en el fondo. Consideró que los criterios que se tuvieron en cuenta al elaborarlo podrían haber cambiado por el propio dinamismo territorial. Fue el entonces alcalde de Punta Umbría, el popular Carlos Hernández Cansino, quien denunció el POT. La Junta recurrió al Supremo.

Bahía de Cádiz
El TSJA también suspendió por defectos de forma en 2006 el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz. También tardó años en elaborarse.

Las Aletas
El alto tribunal dio en marzo de 2008 un mazazo al Parque Industrial de Las Aletas, en Cádiz. Anuló el Plan Especial de la Consejería de Obras Públicas por el que se delimitó una zona de reserva de 527 hectáreas que se declaró de interés público, lo que permitía la expropiación de 120 hectáreas a medio centenar de propietarios. El TSJA aseguró que no había suficiente fundamento para esa expropiación forzosa.

El Algarrobico
La Justicia volvió a dar la semana pasada un varapalo a la Junta por el hotel de El Algarrobico. El alto tribunal suspendió la consideración urbanística fijada por la Junta en 2008 para las zonas de Níjar y Carboneras dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en 2008. El fallo, que responde a una denuncia de Salvemos Mojacar, asegura que el plan “legaliza obras ilegales” y amplía suelo urbanizable. Ya el TSJA tumbó en noviembre de 2008, y respondiendo a una demanda de Greenpeace, la protección del PORN en el sector de El Algarrobico al no impedir el hotel.

Memorial de imputados

Por otra parte, tenemos un memorial de imputados que no tiene desperdicio. Mar Correa, en ABC, ha resumido la situación este pasado fin de semana y desde el estallido de la Operación Malaya, que cumple ahora su tercer aniversario y que tiene cerca de 100 imputados. Desde entonces a hoy, y sin que estén todos porque hay asuntos no investigados y otros sobre los que la Justicia aún no se ha pronunciado, la relación es esta:

Cádiz
Las provincias del litoral son las más afectadas por las irregularidades del suelo. A Cádiz llegaron ramificaciones de la "operación Malaya".

En Rota el ex concejal de Urbanismo Antonio Peña y aún edil, del Partido Popular, está acusado de prevaricación en el expediente de una urbanización. Hoy gobiernan Roteños Unidos y PP.

En el Puerto de Santa María el ex alcalde independiente Hernán Díaz Cortés está denunciado por fomentar la especulación urbanística. Las denuncias están al cabo de la calle en este municipio hoy gobernado por el PP

Tarifa ha visto como el alcalde del PSOE Miguel Manella está denunciado por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de un centro comercial en el Castillo de Santa Catalina.

Jimena tiene un ex alcalde socialista, Ildefonso Gómez, con diligencias judiciales abiertas por irregularidad urbanística en la finca La Bordalla. Sigue gobernando el PSOE.

En Zahara de la Sierra otro ex alcalde del PSOE, Juan María Nieto, está acusado por conceder licencias urbanísticas para construir viviendas en zonas protegidas.

En la localidad de Chiclana el alcalde del PSOE, José María Román, está implicado en un delito de malversación por el archivo de más de mil expedientes sancionadores de urbanismo entre 2003 y 2006.

En Grazalema, el ex arquitecto municipal Juan Prieto, del anterior gobierno del PSOE, está implicado en la «operación Pinsapar» por delito contra la ordenación del territorio, falsedad y cohecho. Hoy gobierna el PSOE

Y finalmente, en La Línea el alcalde del PP Juan Carlos Juárez está imputado en el «caso Roseworld», nombre de la empresa que adquirió terrenos municipales

Almería

La mole del hotel edificado y abandonado a albur de una respuesta judicial en la playa de El Algarrobico se ha convertido en el símbolo de la ocupación urbanística ilegal.  Esto ha ocurrido en el municipio de Carboneras: cuyo alcalde del PSOE, Cristóbal Fernández, está imputado por seis delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la venta de un terreno junto al hotel Algarrobico.

Ohanes ha visto como el ex regidor socialista Juan Francisco Sierra está acusado de un presunto delito de cohecho por recibir dinero de un constructor a cambio de favores urbanísticos. El PSOE sigue gobernando.

En Zurgena el caso no ha afectado al PSOE, sino que es el alcalde del PA ,Cándido Trabalón, el que está acusado de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio por permitir 1.300 chalés en suelo no urbanizable.

Garrucha es una pequeña localidad que ha sido noticia porque Andrés Segura, ex alcalde del PSOE y concejal en la nueva Corporación que gobierna el PP, firmó convenios con una empresa que pagó 2,6 millones para legalizar 28 viviendas irregulares.

En Níjar el ex alcalde Joaquín García (PSOE), hoy edil, está denunciado por la firma de un convenio que cuadruplicó la edificabilidad en Agua Amarga. Ahora gobierna el PP.

En Huércal Overa Luis García Collado, alcalde del PSOE, está inmerso en una trama en la que hay 23 imputados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Otro caso que afecta al PA es el de Vera, donde la Fiscalía ha remitido al Juzgado las diligencias para investigar una presunta trama urbanística en el municipio, cuyo Ayuntamiento, gestionado por el alcalde de ese partido, Félix López, habría recalificado terrenos a cambio de comisiones.

Por último, el Juzgado ha imputado al alcalde de Sorbas, el popular José Fernández, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio al, supuestamente, autorizar la construcción de ocho viviendas en suelo rústico.

Sevilla

El crecimiento desmesurado de la construcción ha conllevado la especulación con el suelo de numerosos pueblos del entorno de la capital como Camas, donde, el ex alcalde de IU Agustín Pavón está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. Hoy sigue gobernando IU.

En Castilblanco de los Arroyos es el ex alcalde y actual concejal de Nueva Izquierda, Manuel Ruiz Lucas, quiien está imputado por no paralizar cientos de chalés ilegales, y acusado de presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Burguillos tiene un alcalde del PSOE, José Juan López, que está denunciado por prevaricar contra la ordenación del territorio y malversar caudales públicos por comprar terrenos antes de su recalificación.

En La Algaba la corrupción afecta de nuevo a IU, así, su alcalde, José Luis Vega está imputado por un delito contra la ordenación del territorio, por la reparcelación de Marina de la Algaba

Las Navas de la Concepción en la localidad en la que su alcalde socialista Antonio Gutiérrez está denunciado por apropiarse de 80 metros cuadrados de zona verde para adicionarlos a una parcela de su propiedad.

En Guillena el alcalde del PSOE Justo Padilla está imputado por permitir la construcción de naves en suelo reservado para zona verde.

Y, por último por lo que a la provincia de Sevilla respecta, en Espartinas Domingo Salado, alcalde del PP, está denunciado por la recalificación de 20 hectáreas de terreno rústico

Granada

La provincia no se ha salvado de las irregularidades urbanísticas desatadas en la costa y en la Vega de Granada, hasta donde llegaron los tentáculos de implicados en la "operación Malaya". Así en Almuñécar el alcalde independiente Juan Carlos Benavides tiene cerca de un centenar de pleitos abiertos y cinco procesos penales, la mayoría de ellos por exceso de edificabilidad.

Alhendín ha visto como el ex alcalde del PP José Guerrero y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, están implicados en una presunta trama de corrupción urbanística. El primero está acusado de recibir comisiones de una constructora y el segundo de cohecho, prevaricación urbanística y fraude, entre otros delitos. Hoy gobierna el PSOE.

Y en Armilla el ex alcalde del PSOE José Antonio Morales y el ex edil de Urbanismo, además de 11 imputados más, se vieron salpicados por el «caso Nevada», denunciados por tramitar irregularmente el Centro comercial Nevada y contra la ordenación del territorio. Sigue gobernando el PSOE.

Córdoba

Los abusos con el suelo se extienden también por la Andalucía interior, donde se localizan auténticas redes de corruptela como la de Baena, donde el alcalde socialista Luis Moreno se ha visto salpicado por el escándalo de la red de facturas falsas elaboradas en oficinas municipales que servían para financiar juergas en un club de alterne y facilitaban «pelotazos» urbanísticos ofreciendo información privilegiada.

O en La Carlota, cuyo alcalde del PSOE Francisco Pulido compró a través de una empresa en la que participaba más de 20.000 metros cuadrados de zona verde en Fuente Palmera para construir viviendas. Un caso que también afecta al ex alcalde del PSOE Antonio Guisado, que está implicado presuntamente en la venta de la zona verde comentada en el caso anterior para construir casas.

Jaén

Es una de las provincias a las que menos ha afectado la degradación del suelo, pero no faltan los casos de construcciones en suelos no urbanos como el de Torredelcampo, donde el alcalde socialista Blas Sabalete está imputado por no denunciar las irregularidades urbanísticas que se dieron durante la construcción de chalés en una cañada real.

O el de Pozo Alcón con una ex alcaldesa socialista, Carmen Escudero, y otras 72 personas más están implicadas en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Actualmente siguen gobernando los socialistas

Huelva

Es la provincia que menos escándalos urbanísticos ha dado, aunque está permanente salpicada de presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales como las ocurridas en Almonte, con el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, el socialista Francisco Agustín Periáñez está imputado por negociaciones prohibidas para la recalificación de dos polígonos industriales

Y también las de Aljaraque, donde el ex alcalde del PSOE Juan Manuel Orta está acusado de cobrar comisiones ilegales de un constructor y de un presunto delito fiscal y de blanqueo de dinero.

Como se puede ver, del total de 25 casos graves 15, una abrumadora mayoría, están protagonizados por el PSOE.