L D (EFE) Así lo indicó este lunes la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre en la entrega a los jueces de Madrid del primer sistema electrónico para el cumplimiento de las ordenes judiciales de protección en casos de violencia doméstica, que en la región ya alcanzan las 2.700 peticiones este año, el 62 por ciento de las cuales han sido concedidas, según el juez decano, José Luis González Armengol.
La entrega a los jueces de los dispositivos se produce poco después de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que permite los medios telemáticos en casos de violencia doméstica y es el resultado de seis meses de trabajo de un grupo de científicos de la Universidad Complutense. Cada equipo antimaltrato se compone de dos dispositivos de 10 x 4,5 centímetros y 120 gramos de peso -un tamaño similar a los teléfonos móviles antiguos-, fáciles de guardar, que portarán víctima y agresor y que permiten detectar la presencia de éste último a menos de 500 metros de distancia.
Asimismo, el agresor deberá ponerse una pulsera -a la que en el futuro se incorporará un reloj digital para hacerla más discreta- que puede usarse en el agua porque está fabricada en neopreno y tiene un radio de acción de 20 metros, de manera que nunca puede existir más distancia entre el brazalete y el aparato, que el maltratador deberá portar conjuntamente.
El dispositivo emitirá una señal de aviso y conectará con la central de Emergencias 112 cuando el agresor se quite el brazalete -lo que además sería quebrantamiento de condena- o se encuentre a menos de 500 metros de distancia de la víctima. Por el momento, el sistema no dispone de localización por satélite (GPS) y tampoco puede trasmitir la llamada al 112 en sitios como el Metro, donde por el momento no existe cobertura de telefonía móvil.
Los equipos de la víctima y del agresor tienen clave y frecuencia propia y deben ser recargados cada 24 horas durante 40 minutos, excepto en el caso de la pulsera, que tiene autonomía para seis meses. La central del 112 enviará al agresor una señal de aviso cuando las baterías empiecen a estar bajas.
El coste de cada equipo (los dos aparatos y el brazalete) es de entre 600 y 800 euros que financiará la Comunidad de Madrid con cargo a sus próximos presupuestos, si bien ésta y el Colegio de Farmacéuticos de la región, que ha cofinanciado la investigación, se reservan la patente y se comprometen a cederla gratuitamente a cuantas administraciones públicas, nacionales o extranjeras, lo soliciten.
La entrega a los jueces de los dispositivos se produce poco después de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que permite los medios telemáticos en casos de violencia doméstica y es el resultado de seis meses de trabajo de un grupo de científicos de la Universidad Complutense. Cada equipo antimaltrato se compone de dos dispositivos de 10 x 4,5 centímetros y 120 gramos de peso -un tamaño similar a los teléfonos móviles antiguos-, fáciles de guardar, que portarán víctima y agresor y que permiten detectar la presencia de éste último a menos de 500 metros de distancia.
Asimismo, el agresor deberá ponerse una pulsera -a la que en el futuro se incorporará un reloj digital para hacerla más discreta- que puede usarse en el agua porque está fabricada en neopreno y tiene un radio de acción de 20 metros, de manera que nunca puede existir más distancia entre el brazalete y el aparato, que el maltratador deberá portar conjuntamente.
El dispositivo emitirá una señal de aviso y conectará con la central de Emergencias 112 cuando el agresor se quite el brazalete -lo que además sería quebrantamiento de condena- o se encuentre a menos de 500 metros de distancia de la víctima. Por el momento, el sistema no dispone de localización por satélite (GPS) y tampoco puede trasmitir la llamada al 112 en sitios como el Metro, donde por el momento no existe cobertura de telefonía móvil.
Los equipos de la víctima y del agresor tienen clave y frecuencia propia y deben ser recargados cada 24 horas durante 40 minutos, excepto en el caso de la pulsera, que tiene autonomía para seis meses. La central del 112 enviará al agresor una señal de aviso cuando las baterías empiecen a estar bajas.
El coste de cada equipo (los dos aparatos y el brazalete) es de entre 600 y 800 euros que financiará la Comunidad de Madrid con cargo a sus próximos presupuestos, si bien ésta y el Colegio de Farmacéuticos de la región, que ha cofinanciado la investigación, se reservan la patente y se comprometen a cederla gratuitamente a cuantas administraciones públicas, nacionales o extranjeras, lo soliciten.