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Las causas abiertas por violencia doméstica aumentaron en un 21,7 por ciento en 2003

Los casos de violencia doméstica por los que se abrieron diligencias previas y procedimientos abreviados en 2003 aumentaron un 21,7 por ciento respecto a los iniciados en 2002, al pasar de 11.117 a 13.528, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año pasado. Este incremento es atribuido al "imparable aumento de denuncias interpuestas por las víctimas" y a la posibilidad de solicitar una orden de protección que puede ser concedida "en un plazo de escasas horas".

L D (EFE) La Fiscalía, que subraya la importancia "extraordinaria" del apartado relativo a la violencia doméstica después de la entrada en vigor en agosto de 2003 de la citada orden de protección a las víctimas, destaca también el aumento en un 11 por ciento de los juicios de faltas, que pasaron de 6.776 a 7.525, de los juicios rápidos (3.659) y de los juicios inmediatos de faltas (5.699).
 
Respecto a las causas judiciales en trámite, que incluyen las que habían sido abiertas en años anteriores y que seguían vivas en 2003, la Memoria expone que "llama poderosamente la atención" el aumento de un 58,6 por ciento, al pasar de 11.967 a 18.981. Sobre las medidas cautelares acordadas en 2003, el texto recalca el considerable aumento respecto a años anteriores, no sólo por el incremento de las denuncias, sino por la adopción de la orden de protección solicitada por la víctima, que ha supuesto que se acordaran 2.161 medidas penales y 828 civiles a través de la citada orden. En total, se solicitaron 3.305 órdenes de protección, adoptándose 1.309 con medidas civiles y penales, 957 con medidas únicamente penales y 82 sólo con medidas civiles, y denegándose 957.
 
La Memoria reconoce que no puede "pasar por alto la queja formulada por algunas Fiscalías en relación a una fraudulenta utilización de este instrumento legal", utilizado en ocasiones por algún miembro de la pareja para obtener en 24 horas la adopción de medidas relativas a custodia de los hijos, el domicilio o la pensión que en la tramitación ordinaria se demorarían varios meses. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que aunque esta posibilidad se ha podido producir en los primeros meses de aplicación de la ley, con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, y valora la aplicación de la orden de protección en la defensa de las víctimas y agilización de los procesos.
 
En el apartado sociológico, la Memoria señala que el 88 por ciento de las víctimas son mujeres (34.953), mientras que respecto al sexo del agresor, en un 90 por ciento de los casos fueron hombres (33.953). El 50 por ciento de las víctimas (17.033) tenía entre 31 y 50 años mientras que un 29 por ciento (11.528) tenía entre 18 y 30 años, un 12 por ciento (4.509) era mayor de 50 años y un cuatro por ciento (1.029) menor de 18 años. En cuanto a los agresores, un 60 por ciento (16.127) estaban ubicados en el tramo de edad comprendido entre los 31 y los 50 años, 8.303 tenían entre 18 y 30 años, 3.406 eran mayores de 50 años y 223 menores de 18.
 
En la mayor parte de las ocasiones (20.035), la víctima era cónyuge o ex cónyuge del agresor; en otras 12.132 eran pareja o ex pareja de hecho, en 2.592 eran hijos y en 2.150 la víctima era el padre o la madre del agresor. En 14.251 de los casos el agresor acumula más de una denuncia, registrándose 624 casos en los que el presunto maltratador suma cinco o más denuncias. La memoria también recoge que en 2003 se contabilizaron 2.739 retractaciones. Este fenómeno tiene relación con una de las propuestas de reforma legislativa que hace el fiscal general en su Memoria, en la que plantea la posibilidad de suspender la ejecución de la pena accesoria de prohibición de aproximación, que se impone junto a la de prisión en los casos de violencia doméstica.
 
"En algunos casos muy concretos, mediante reiteradas comparecencias en el Juzgado, la víctima del delito ha solicitado que se dejara sin efecto tal pena privativa de derechos" para facilitar la reconciliación familiar, pero no ha sido posible atender la petición porque la única posibilidad prevista para dejar sin efecto una pena impuesta en sentencia firme es el indulto. 

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