Las asociaciones de jueces cuestionan que se investigue judicialmente la dictadura

L D (EFE) Según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales, mientras que el de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se ha mostrado sorprendido de que se abra la vía penal cuando podría hacerse desde el ámbito político.

En este mismo sentido se ha pronunciado este martes el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, que ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que ésta pueda concluir en una acusación por delito.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la APM -mayoritaria en la carrera judicial- ha recordado que una investigación penal tiene que estar enmarcada en unas coordenadas de concreción y desarrollarse sobre la base de unos hechos que presentan apariencia delictiva. García ha añadido que "cuando un juez de instrucción actúa lo hace sobre la base de unos hechos que presentan apariencia delictiva y con la intención de depurar las responsabilidades de naturaleza penal en las que hubieran podido incurrir determinadas personas".

Además, ha asegurado que ve improcedente la decisión de la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional de dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por las opiniones que vierte "El Mundo" sobre la decisión de Garzón, cuando el juez no ha decidido por sí mismo dirigirse al órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, ha hecho hincapié en que le causa sorpresa que se abra la vía penal para la identificación de personas o de fosas cuando esto "perfectamente se podía ver en la vía administrativa y haber un impulso político para esta materia". En su opinión, habrá que ver hasta qué punto este asunto puede ser competencia de la Audiencia Nacional. "La vía penal está para averiguar delitos y posibles sujetos responsables, pero no para otro tipo de cuestiones", ha destacado.

El portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Jimeno, que ha defendido el derecho de los familiares de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos", ha cuestionado no obstante que se haga a través de un proceso judicial ya que, en su opinión, debería ser el Ejecutivo el que lo llevara a cabo. Para que actúe un juez penal, ha recordado el portavoz de JpD, es preciso que existan unos hechos que puedan ser constitutivos de delito y que puedan ser perseguidos en la actualidad. Se trataría entonces de un delito de genocidio, que no prescribe, pero su incorporación a la legislación española -ha recordado- es posterior a los hechos que se investigan y no se puede actuar con efectos retroactivos.

Jimeno ha evitado comentar las críticas vertidas por el periódico "El Mundo" contra el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por esta decisión, ya que, ha dicho, desconocía su contenido.