La UE logra un acuerdo sobre cambio climático

Los líderes europeos han asumido finalmente como propias las estimaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la ayuda que van a necesitar los países en desarrollo para sumarse a los esfuerzos mundiales contra el cambio climático.

La UE no ha concretado su aportación -se reserva esta carta para la conferencia final de Copenhague-, ni el reparto interno, pero ha establecido el orden de magnitud que permitirá empezar a negociar con otros países desarrollados la contribución de cada cual.

"Podemos ir a Washington, Nueva Delhi o Pekín, mirarles a los ojos, y decirles: Europa ha hecho su trabajo", ha comentado el presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso, quien ha advertido de que la oferta "no es un cheque en blanco".

Los Veintisiete admiten que las medidas de lucha contra el cambio climático podrían costar a los países en desarrollo alrededor de 100.000 millones de euros anuales (147.558 millones de dólares) en 2020.

De esa cantidad, entre 22.000 y 50.000 millones de euros (entre 32.462 y 73.779 millones de dólares) deberían proceder de la financiación pública internacional, y el resto, de la combinación de los esfuerzos de los propios países en desarrollo (financiación pública y privada) y los ingresos del mercado de carbono.

Además, según los Gobiernos europeos, las naciones en desarrollo necesitarán una financiación anual "anticipada" de entre 5.000 y 7.000 millones de euros (de entre 7.378 y 10.329 millones de dólares) para el período 2010-2012.

Una de las concesiones arrancadas hoy por Europa Oriental es que a esa financiación contribuirán el presupuesto comunitario y sólo "aquellos Estados miembros que puedan". Es decir, tendrá carácter voluntario, lo que ha facilitado el visto bueno de los Estados más afectados por la crisis económica.

Preguntado al respecto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adelantado que España es "favorable" a participar en este adelanto. Estos y otros acuerdos de hoy significan para el presidente de turno del Consejo Europeo, el primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, que Europa "tiene ya un mandato para Copenhague, una posición fuerte" y que sigue "liderando" la lucha contra el calentamiento global.

La aportación de la UE a la financiación pública internacional no ha sido tampoco concretada, pero los Veintisiete sí han dado pistas sobre la magnitud que podría tener, al señalar que todos los países del mundo -excepto los más pobres- deberán contribuir en función de "su responsabilidad por las emisiones mundiales y de su capacidad de desembolso, atribuyendo un peso considerable a los niveles de emisión".

Las emisiones de la UE representan aproximadamente el 10 por ciento del dióxido de carbono (CO2) mundial, mientras que su Producto Interior Bruto (PIB) equivale al 30 por ciento de la riqueza internacional, por lo que aplicar un mecanismo que dé más importancia a las emisiones podría rebajar la aportación europea de los 15.000 millones de euros (22.134 millones de dólares) a unos 2.000 millones de euros (2.951 millones de dólares).

La aportación de la UE a la financiación pública internacional no ha sido concretada, pero los Veintisiete sí que han dado pistas sobre la magnitud que podría tener, al señalar que todos los países del mundo -excepto los más pobres- deberán contribuir en función de "su responsabilidad por las emisiones mundiales y de su capacidad de desembolso, atribuyendo un peso considerable a los niveles de emisión".

Todas estas cifras sólo han podido ser acordadas a base de concesiones a los países del Este. Si bien se dejó para más adelante la decisión sobre cuánto aportará cada Estado miembro a la financiación que la UE conceda a las naciones en desarrollo, algo que los socios de Europa Oriental insistían en aclarar antes de cerrar una posición europea, los occidentales tuvieron que ceder en otros aspectos.

En concreto, los Veintisiete han aceptado dejar la puerta abierta a la utilización de los derechos de emisión que estableció el Protocolo de Kioto, una vez expire este acuerdo a finales de 2012, una opción que reportará importantes ingresos a las economías más modestas del bloque -ya que pueden vender los créditos que no hayan utilizado antes de esa fecha a otros Estados miembros.

Según el texto de conclusiones de este Consejo Europeo, la transferencia de derechos de emisión "deberá abordarse de manera no discriminatoria, a fin de que no afecte a la integridad medioambiental del acuerdo de Copenhague", lo que significa que la opción no queda descartada por completo como pedía, entre otros, Alemania.

A cambio de esta concesión, los países del Este han aceptado no sólo que se posponga el debate sobre cuánto debe aportar cada Estado miembro a los países en desarrollo, sino que el mecanismo que se aplique dentro de la UE esté basado en el que se acuerde a escala internacional -que con toda probabilidad tendrá en cuenta el PIB y la responsabilidad por las emisiones en cada país.

Los países del Este no querían que éste fuese el esquema de contribución que aplicase la UE a sus Estados miembros, porque sus economías son menos eficientes que las de otros socios comunitarios -tienen más emisiones relativas que países como Alemania o Reino Unido en relación a sus niveles de PIB-, con lo que su aportación sería ligeramente superior a la que le correspondería si sólo se tuviese en cuenta para el reparto la riqueza de cada Estado.