Cabrera: "No hay alternativa: no cursarla impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos correspondientes" 
(Libertad Digital) La Unión Democrática de Estudiantes (UDE), representada en el Consejo Escolar del Estado, ha explicado en una nota que, en primer lugar, la LOE no establece en ningún artículo que la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía deba ser sancionada con la imposibilidad de que el alumno titule y, por tanto, cabe deducir que dicha objeción debe ser equivalente a un suspenso.
Sobre esto, la LOE y la normativa básica del Ministerio de Educación permiten que un alumno titule en la ESO con dos materias suspensas, aun sin presentarse a los exámenes. Este aspecto va diametralmente en contra de los expuesto este miércoles por la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que amenazó: "Quien no curse Educación para la Ciudadanía no obtendrá el título académico".
En segundo lugar, la Ley Orgánica de Educación no permite la promoción del primer curso del Bachillerato al segundo curso con más de dos materias suspensas, lo que hace ilegal la propuesta del Ministerio de que un repetidor de primero pueda matricularse en asignaturas de segundo. Pero es que además, la LOE habla de “repetición de curso”, no de repetición de materias suspensas, con lo que tampoco sería conforme a la Ley que el alumno que repita con la mitad de las materias suspensas sólo repita éstas.
La Generalidad también incumple
Del mismo modo, la Generalidad de Cataluña viene incumpliendo reiteradamente su propia Ley de Política Lingüística, que garantiza el derecho a la escolarización en castellano, así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exige a la Generalidad que ofrezca una casilla de escolarización en castellano.
Además, la Generalidad ya ha anunciado que incumplirá la normativa básica del Ministerio que establece la tercera hora en castellano. El Decreto de la Generalidad establece que será cada centro el que, en su caso, pida autorización para impartir una tercera hora en castellano, siempre y cuando los libros de texto sean en catalán, lo que a su vez también contradice el objeto y fin de la propia normativa básica.