Los 28.000 trabajadores de este sector, la inmensa mayoría colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos de quienes los colocaron. (Recuerde que para tener acceso a los documentos debe registrarse primero).
Es algo que aún no ha sido decidido. En el Decreto, queda en el aire la posibilidad de adscripción como personal laboral de la Junta de Andalucía de este personal proveniente de las empresas públicas y fundaciones, unos 28000 trabajadores, y cuyo costo en gastos de Capítulo I (sueldos) está presupuestado en 909 millones de euros para este año 2010, y a los que no se le aplica la reducción del 5% de la masa salarial.
El Decreto-Ley se fundamenta en tres ideas. La primera la redefinición de las tipologías de Agencias Públicas en atención a los modos de gestión de las mismas. En segundo lugar se incrementa la "gobernanza" de la Junta sobre determinadas decisiones estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente la adquisición de participaciones minoritarias en otras entidades públicas o privadas, la participación en asociaciones empresariales de diversa índole, sean o no personificadas y la política inmobiliaria. En tercer lugar se crean, modifican o extinguen las correspondientes Agencias Públicas a partir de las preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas.
El Decreto-Ley crea 8 Agencias Empresariales que son:
1.- Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Andalucía. Esta agencia integrará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
2.- La Agencia Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que subroga a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y a la que se le adscriben la sociedad Talentia y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.
3.- Agencia Pública de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que integrará Gestión de infraestructuras de Andalucía S.A. (GEIASA) y Ferrocarriles Andaluces.
4.- Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo. Subroga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y al propio Servicio Andaluz de Empleo.
5.- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Pública de Andalucía. Se adscriben a ella las Empresas Públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Empresa Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir. Esta Agencia gestionará los CHARE (Centros Hospitalarios de Alta Resolución).
6- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que subroga a la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. (DAPSA) y se extingue el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y las Cámaras Agrarias.
7.- Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales que subroga el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Finalmente la Junta parece que ha optado por no integrar finalmente en esta Agencia al Patronato de la Alhambra y el Generalife.
8.- Agencia de Medio Ambiente y del Agua que subroga a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y parte de la actual Agencia del Agua.
En cuanto al régimen de integración del personal, el borrador del Decreto Ley indica que se aplicarán las siguientes reglas:
a) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Especialidad.
b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de sucesión de empresas. Aquí es donde los sindicatos de funcionarios temen la "regularización masiva" de personal que no ha pasado pruebas de acceso a la Administración Púbica.
c) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.
En base a todo esto queda en el aire la posible integración de este personal como personal laboral de la Junta de Andalucía. Conviene recordar que estos trabajadores han sido contratados directamente a través de estos entes públicos sin superar ningún tipo de oposición ni concurso. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía consideraría un verdadero “casus belli” la entrada por la puerta de atrás, aprovechando un Decreto-Ley, la integración de este personal en su convenio colectivo.
Por otro lado, conviene recordar que el endeudamiento de las empresas públicas en manos de la Junta de Andalucía aumentó un 103,7% en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo período de 2009, hasta los 379 millones de euros, según datos del Banco de España difundidos el pasado mes de junio.