Este sábado aparecen en un reportaje en el diario La Razó Rodrígo Arroyo y su mujer Lucrecia. Rodrigo es propietario de un bar de Valencia –Bar Restaurante Rodrigo- y durante los siete primeros días de enero vio cómo su facturación había caído en un 60% según confiesa él mismo en declaraciones a esRadio.
Así, y después de haber gastado 35.000 euros en reformar su local hace años para adaptarlo a la anterior Ley antifumadores, se declaró en rebeldía. "Quien antes se tomaba una copa no venía. Quien jugaba a las máquinas tampoco. Todo porque no se podía fumar en el local. Tras la decisión –de declararse en rebeldía contra la ley- viene más gente, incluso clientela que no era fija", explica Rodrigo en declaraciones a La Razón.
Pero este viernes, Rodrigo se llevó un buen susto. Dos policías locales entraron en su establecimiento y le pidieron la documentación para cursar una multa por permitir que sus clientes fumaran en la zona habilitada para ello –por la anterior ley antifumadores-. Además, los dos agentes también pidieron la documentación a dos de los clientes que mantenían un cigarrillo encendido entre los dedos. Una de esas clientas se negó a satisfacer el requerimiento de los agentes. "Le dijo que no estaba haciendo nada malo y que no le daba la documentación", explica Rodrigo a esRadio.
Esto, siempre según las explicaciones del dueño del local, provocó un "cierto revuelo" ya que "se dirigieron a los clientes con muy mala educación" y recibieron contestación. Por esta razón "tuvieron que pedir refuerzos y luego llegaron seis" hasta que cursaron las multas. En cualquier caso, Rodrigo explica que aún no sabe hasta qué cifra ascenderá la sanción y que puede oscilar entre los 10.001 euros y los 600.000.
Pero Rodrigo dice no haberse asustado y piensa seguir dejando fumar a sus clientes en la zona que habilitó a tal efecto. "Con la ley anterior me obligó a una reforma de 35.000 euros. ¿Quién me la paga?" Insiste.
Además, ha señalado que los bares que se están declarando insumisos se han puesto en contacto para iniciar una recogida de firmas y llevarla al Congreso para que se retire esta norma.
Pese a todo, la ministra Pajín insistía este mismo sábado en declaraciones a Onda Cero que la ley está aplicandose con normalidad y sin incidentes. Únicamente señaló que en los comienzos de la aplicación es normal que haya alguna denuncia o alguna irregularidad.