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La policía advierte que las cárceles se masificarán si se reforma la expulsión de inmigrantes

Los sindicatos policiales mayoritarios han advertido de que el anuncio del Gobierno de revocar la expulsión automática de inmigrantes ilegales condenados a menos de seis años de prisión provocará una mayor masificación de las cárceles españolas. El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, cree que sin la construcción de nuevas cárceles, la derogación del artículo 89 del Código Penal sería "un grave error".

Los sindicatos policiales mayoritarios han advertido de que el anuncio del Gobierno de revocar la expulsión automática de inmigrantes ilegales condenados a menos de seis años de prisión provocará una mayor masificación de las cárceles españolas. El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, cree que sin la construcción de nuevas cárceles, la derogación del artículo 89 del Código Penal sería "un grave error".
L D (EFE) En declaraciones a EFE, José María Benito mostró su preocupación por que esta medida puede suponer en la práctica que la población penitenciaria se duplique en pocos meses, por lo que confió en que la Secretaría de Estado de Inmigración haya abordado esta posible derogación con el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias.
 
Por su parte, el representante de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, opinó que estos delincuentes podrían aprovechar los permisos del tercer grado penitenciario para fugarse antes de que llegue a ser efectiva su expulsión y, por tanto, podrían volver a delinquir. El representante policial calificó la eventual reforma de "operativamente negativa" porque la aplicación de la ley permitirá que el delincuente ilegal acceda al tercer grado, como cualquier otro preso, lo que puede ser aprovechado por aquel para fugarse antes de ser expulsado, ya que la Policía tiene que notificar al interno tres meses antes el expediente de expulsión.

Gavilán cifró, en declaraciones a EFE, en unos 4.500 el número de extranjeros ilegales condenados a menos de seis años que anualmente podrían ser expulsados de España en aplicación de la actual redacción del artículo 89 del Código Penal. Rodrigo Gavilán recordó además el representante de la CEP que cada preso genera un gasto a las arcas públicas de 24.000 euros, aproximadamente el salario de un policía. Gavilán indicó que con la derogación va a ser muy difícil que el Gobierno cumpla con su promesa de conseguir la ratio de un preso por celda.
 

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