Primero fue Natalia Santacreu y ahora le toca el turno a otro menor de edad, valenciano. Tiene 10 años y estudia 5º de Educación Primara. Los padres de este niño, se trasladaron en el año 2000, cuando él apenas tenía unos meses, a Biar un pueblo alicantino clasificado como "municipio de predominio lingüístico valenciano". No lo sabían pero esa categorización se iba a convertir en una pesadilla.
El pequeño fue matriculado en el Colegio Nuestra Señora de Gracia y tras una reunión con el director del centro, descubrieron que su hijo estaba obligado a estudiar en valenciano. Tenían que elegir entre dos opciones, inscribir al pequeño en el Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) o en el programa de Introducción Progresiva al Valenciano (PIP), también conocido como "de Inmersión Lingüística".
La única diferencia entre las dos opciones es que en el PEP todas las asignaturas se imparten en valenciano desde 1º de Educación Primaria, mientras que en el PIP las horas de valenciano se van incrementando paulatinamente, hasta copar la totalidad de asignaturas. En definitiva y tal y como asegura Pablo Yáñez, Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, la única diferencia que existe entre los dos programas es "el nivel de valenciano en el que se empieza a estudiar pero no en el que se termina".
Los padres eligieron, como es lógico, el Programa de Introducción Progresiva al Valenciano y, aún con todo, solicitaron la "exención del valenciano" que tendría que haber liberado al menor de estudiar todas las materias en las lengua minoritaria de su región.
El colegio, ahora rebautizado como Collegi Mare de Déu de Grácia, obliga al menor a estar presente en las clases que sus profesores imparten en valenciano y, una vez a la semana recibe una "clase de apoyo" en la que le explican el significado de los términos en castellano y le aclaran las dudas derivadas de la enseñanza en valenciano.
Cansada de esta situación Isabel Aracil, su madre, remitió un escrito a la Comunidad Valenciana en la que apelaba al derecho de su hijo a ser educado en castellano. Dos meses después, la Consejería de Educación contestaba a su petición.
Amparándose en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación recuerda que:
El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano. La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento.
Del mismo modo, señala a la madre de este alumno que, al ser Biar uno de los municipios "de predominio lingüístico valenciano" recogidos en la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano, sus centros educativos sólo pueden ofertar los programas antes mencionados (PEV o PIP) en los que predomina, claramente, el valenciano sobre el castellano.
El presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) culpa al Partido Popular de la Comunidad Valenciana de esta situación ya que, en su opinión "ha tejido una red legislativa que ampara el que sea imposible educar a nuestros hijos en castellano". Asegura que no se trata de un problema de aplicación de la ley, si no de la normativa en sí que "impide a unos padres escolarizar a sus hijos en español".
La ANLL afirma que la madre de este niño recibe "por primera vez la certificación escrita de que el Gobierno de la Generalidad Valenciana asume que es imposible prestar a ese niño un servicio de educación en su lengua materna y en la lengua oficial del Estado".
Critica la actitud de la Consejería a la que acusa de ampararse "en el Estatuto de Autonomía, disposiciones legislativas que amparar el hecho de que sea imposible escolarizar en el municipio de Biar en castellano" y tacha todos los artículos recogidos en la carta de "excusas".
Tras recibir esta respuesta de la Consejería, la familia del menor ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tanto los padres del niño afectado como la ANLL consideran que "están vulnerando el derecho a la Educación recogido en el artículo 27 de la C.E., donde se habla del derecho a la educación, así como la libertad de enseñanza para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana".
Isabel Aracil ya ha perdido el miedo a hablar con los medios. Teme que lo peor esté por llegar por las diferencias existentes entre "los municipios de predominio lingüístico valenciano" y los de predominio castellano. Pone un claro ejemplo: "en el IES de Elche el Programa de Introducción Progresiva, incluye dos asignaturas en castellano, además de la de Lengua Valenciana, y el resto en español; mientras en IES de Bier se imparten siete asignaturas en valenciano-catalán porque así lo ah decidido el Consejo Escolar".