L D (EFE) El abogado sevillano Alberto Revuelta, responsable jurídico de CEAR-Sur, ha dicho que el Comité, en una resolución del pasado 18 de octubre, ha acordado "examinar la admisibilidad de la comunicación, conjuntamente con el fondo". Se trata de "un pequeño triunfo", ha dicho el abogado, en una denuncia presentada en nombre de esos refugiados, personas "sometidas entonces a la jurisdicción del reino de Marruecos".
La demanda dice que en la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 2006, la Policía marroquí penetró de forma violenta en varias viviendas de Rabat en una operación contra la inmigración clandestina y detuvo a 248 subsaharianos, de los cuales 42 tenían reconocida la condición de refugiados por el ACNUR y portaban la documentación correspondiente.
Documentación de ACNUR: "Algo inservible"
La Policía marroquí hizo caso omiso de tales documentos, que "rompió o destrozó como algo inservible", según la denuncia, además de penetrar en las viviendas sin órdenes de registro y sin ofrecer posterior asistencia letrada a los detenidos.
Como consecuencia de la actuación policial, una mujer sufrió un aborto, un enfermo de asma y paralítico del lado izquierdo del cuerpo fue golpeado y otro hombre perdió el conocimiento a causa de los golpes, añade la denuncia.
Posteriormente los detenidos fueron trasladados a la frontera con Argelia, donde fueron abandonados "en pleno desierto, sin protección, sin ropa de abrigo ni alimentos" y les amenazaron con ser disparados si intentaban volver a Marruecos.
Violadas por tres hombres
Los refugiados se dividieron en grupos y vagaron perdidos por el desierto, situación en la que una mujer congoleña de 27 años identificada como C.W.K. fue violada por tres hombres que, según la denuncia, podrían ser militares marroquíes.
La otra violada fue una angoleña de 16 años, identificada como P.M.M., agredida por "tres chicos morenos que hablaban inglés". Ambas mujeres consiguieron llegar a la localidad marroquí de Oujda, donde Médicos sin Fronteras certificó las agresiones que habían sufrido.
Convención contra la Tortura
CEAR asegura que el reino de Marruecos incumplió diferentes leyes internacionales y la Convención contra la Tortura de 1984 al no tener en cuenta la condición de refugiados de los detenidos, no haberlos presentado ante ningún tribunal y haberles infligido "tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Según los refugiados, desde su detención hasta su deportación estuvieron 12 horas sin comer ni beber y al cabo de ese tiempo solo les dieron pan y agua, y antes de emprender viaje "no les dejaron orinar, diciéndoles que lo hicieran en las botellas de plástico que tenían".
Se trata de 36 hombres y 6 mujeres, de los que 16 son nacionales de la República Democrática del Congo; 2 del Congo Brazaville; 23 de Costa de Marfil y una de Angola.