El Gobierno gastará 100 millones al año en financiar anticonceptivos
La nueva ley del aborto incluirá novedades no conocidas. En el acuerdo del PSOE con ERC e IU, los anticonceptivos modernos serán financiados por la sanidad pública, con un coste de 100 millones al año. Además, se rebajarán las exigencias para abortar hasta las 22 semanas
Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la Ley del Aborto garantice que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto. Además, se impartirá educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios.
Así lo aseguraron en rueda de prensa en el Congreso los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC). Estos grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia únicamente a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero. La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos.
Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22, de modo que será suficiente con el informe de un especialista. En cuanto a asunto del aborto en las menores, ERC-IU-ICV asegura que no se opone a que se informe a los padres, pero precisa que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 o 25 años". "Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante", añadió.
Según explicaron, ambos grupos también han acordado que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado. El Gobierno decidirá de qué anticonceptivos financia el 40 por ciento y de cuáles el cien por cien.
Asimismo, se está pensando que haya colectivos, como el jóvenes y el de mujeres con pocos recursos, que puedan acceder a ellos gratuitamente. ERC e IU estiman que esta medida tendrá un coste de unos 100 millones de euros al año.
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