La menor arrestada por la muerte de Cristina sólo sería retenida cinco años

Así lo determina el artículo 10.2 de la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, conocida como Ley del menor y muy discutida tras casos como el del asesinato de Sandra Palo.

La norma establece que a quienes cometan delitos de homicidio o asesinato con catorce o quince años se les podrá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

En el caso de que al cometer los hechos el menor tuviera dieciséis o diecisiete, se le puede aplicar una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.

El fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, ha comentado este lunes en rueda de prensa que la Fiscalía perseguirá la rigurosa aplicación de la ley, pero ha dejado claro que "no corresponde al fiscal delimitar cuál es la legislación adecuada, sino aplicarla en los términos que la ley del menor permite".

Mientras el Gobierno se niega a introducir ningún cambio que conlleve un endurecimiento de la Ley del Menor, el PP ha venido prometiendo una propuesta para modificar la norma y evitar así casos recientes como el de el Rafita. Según María Dolores de Cospedal, los cambios serán presentados esta misma semana en el Congreso, con el fin de, en sus palabras, frenar "el incremento galopante de la delincuencia infantil" en España.

De Cospedal dijo en rueda de prensa que el PP "no es ajeno al alarmante crecimiento de la violencia entre menores", aludiendo a la muerte en Seseña de la joven de 14 años Cristina Martín.

Según la secretaria general, el proyecto de reforma de la ley del menor contemplará medidas para penalizar a los menores de entre 12 y 14 años que comentan "delitos graves", puesto que, hasta el momento, los menores de 14 años son impunes frente a cualquier tipo de infracción.

Además, la reforma también prevé que los jueces puedan ordenar el ingreso en prisión de los menores que, al obtener la mayoría de edad, aún les queden tres años de condena por cumplir y hasta entonces estén en centros de internamiento.