La Ley integral contra la violencia de género obtiene el respaldo unánime del Senado
El pleno del Senado aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley integral contra la violencia de género con los elementos de discriminación positiva en favor de la mujer y varias enmiendas para ampliar los derechos de las víctimas, aunque finalmente no se crea el fondo para hacer frente al impago de pensiones alimenticias.
L D (EFE)
En el texto de la normativa, que debe volver al pleno del Congreso para su aprobación definitiva, se garantiza, por ejemplo, que todas las víctimas, con independencia de su condición social o personal, estarán cubiertas por la ley. Incluye a las inmigrantes irregulares, y se elimina el mínimo de edad para tener acceso a determinas ayudas económicas.
Tras una complicada votación de enmiendas, donde el PP volvió a insistir sin éxito en la necesidad de modificar la ley para proteger a todas las víctimas de la violencia doméstica y no sólo a las mujeres, todos los senadores apoyaron el texto, tal como ocurrió en el pleno del Congreso.
La portavoz popular Cristina Tejedor quiso dejar claro sin embargo que el PP considera que la ley "no es buena" y que se trata de "una simple operación publicitaria" del Gobierno que no supondrá "ningún avance" en la lucha contra los malos tratos. Tras recordar el posado de las ministras para la revista Vogue como una "bofetada" a las mujeres que luchan contra la igualdad, tachó de "injusta e injustificable" la discriminación positiva en el plano penal y auguró que la ley tendrá que ser reformada en el futuro ante los problemas jurídicos que se plantearán.
Para la portavoz socialista, María Antonia Martínez, la unanimidad alcanzada en el pleno significa que, a pesar de las diferencias, hay un compromiso de todos los poderes públicos para que la ley sea efectiva, por lo la sesión de este jueves marca "un antes y un después". Martínez, quien destacó la importancia de haber fijado en la ley que el Estado se hará cargo de las pensiones impagadas en favor de los hijos, destacó también la garantía de que se removerán todos los obstáculos que tienen para acceder a los derechos que fija la ley las mujeres inmigrantes, las discapacitadas y las del mundo rural.
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