L D (Agencias) La viceconsejera de Medio Ambiente, Isabel Mateos, que participó este martes en Córdoba en la inauguración del VI Seminario de Periodismo y Medio Ambiente, dijo a los periodistas que, "ante la pasividad de las autoridades gibraltareñas" para controlar el elevado tráfico marítimo que circula pos sus costas, "nuestros servicios jurídicos están barajando la posibilidad de llevarles a los tribunales internacionales".
Agregó que "nos hemos dirigido al Gobierno central para que actúe como representante nuestro, ya que es un asunto que excede a la comunidad autónoma, aunque nuestros abogados están estudiando otras opciones, como es acudir al Tribunal de Estrasburgo". Mateos indicó que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía "están analizando todo este asunto con detenimiento, debido a que Gibraltar posee una legislación especial que no se rige por la normativa de la Unión Europea".
Negocios con el fuel oil
Los manejos de Gibraltar con el fueloil salieron a la luz a raíz de la catástrofe del Prestige. Entonces se supo que una de las mayores fuentes de financiación del Peñón es la actividad conocida como “bunkering”, consistente en trasvasar combustible desde viejos depósitos petroleros a barcos de dudosa reputación y con carencias técnicas serias. Libertad Digital pudo saber entonces que estas operaciones de alto riesgo se realizan diariamente a bajo precio a 200 metros de las costas españolas.
Estas chatarras flotantes funcionan como gasolineras para barcos que tienen su entrada prohibida en aguas comunitarias al estar denunciados en el Registro de París como no aptos. El Gobierno gibraltareño dijo en su momento que seguiría de cerca los requisitos legales sobre el control en los puertos de los estados de la UE y los del propio Peñón, pero aclaró que no restringirá la entrada de buques monocasco mientras no haya una norma general que lo regule. La actividad del "bunkering" continúa produciéndose en la actualidad frente al Peñón.
Agregó que "nos hemos dirigido al Gobierno central para que actúe como representante nuestro, ya que es un asunto que excede a la comunidad autónoma, aunque nuestros abogados están estudiando otras opciones, como es acudir al Tribunal de Estrasburgo". Mateos indicó que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía "están analizando todo este asunto con detenimiento, debido a que Gibraltar posee una legislación especial que no se rige por la normativa de la Unión Europea".
Negocios con el fuel oil
Los manejos de Gibraltar con el fueloil salieron a la luz a raíz de la catástrofe del Prestige. Entonces se supo que una de las mayores fuentes de financiación del Peñón es la actividad conocida como “bunkering”, consistente en trasvasar combustible desde viejos depósitos petroleros a barcos de dudosa reputación y con carencias técnicas serias. Libertad Digital pudo saber entonces que estas operaciones de alto riesgo se realizan diariamente a bajo precio a 200 metros de las costas españolas.
Estas chatarras flotantes funcionan como gasolineras para barcos que tienen su entrada prohibida en aguas comunitarias al estar denunciados en el Registro de París como no aptos. El Gobierno gibraltareño dijo en su momento que seguiría de cerca los requisitos legales sobre el control en los puertos de los estados de la UE y los del propio Peñón, pero aclaró que no restringirá la entrada de buques monocasco mientras no haya una norma general que lo regule. La actividad del "bunkering" continúa produciéndose en la actualidad frente al Peñón.