Lo sorprendente es que este plazo, siete días, es máximo que la propia Junta admite y quiere implantar en el modelo experimental que se pone en marcha en noviembre y que va a afectar a 200 centros educativos andaluces. Para su efectividad, harán falta otros 108 millones de euros y un poco más. Los sindicatos en sede parlamentaria ya han anunciado su rechazo a este proyecto.
Hay cosas que no se entienden en absoluto. Demos un repaso:
a) Se produce una baja y, si es justificada porque si no lo es, hay que sancionar al desalmado/a, es natural que ese día, el primer día, los alumnos no tengan la clase correspondiente.
b) Pero ese mismo día los Centros ya deberían poder consultar las bolsas de trabajo de la Consejería que podrían estar elaboradas con criterios de puntuación y cercanía, de modo que la elección del sustituto fuera inmediata.
c) Si algún profesor de la bolsa se niega, se le quita de la bolsa y se recurre al siguiente, como en el caso de las viviendas de VPO.
d) El dinero necesario, con un estudio sobre las medias de las bajas anuales en educación, podría estar disponible porque es un dinero que tiene que ser presupuestado porque las bajas son reales y existen.
Por otra parte, al ser un modelo sólo válido para 200 centros esto quiere decir que el resto, miles, seguirán desatendiendo a los alumnos afectados por algunas de estas bajas durante semanas y, a veces, durante meses. Sin embargo, la consejera Moreno, aclaró que en ningún caso se reducirá la espera a menos de una semana de espera y que no podrá hacerse en las primeras 48 ó 72 horas, como se le ha exigido desde las filas del PP-A.
La consejera respondió que la Junta es «consciente de que hay disfunciones», pero que se trata de "un problema que nos lleva a buscar soluciones", en relación a este plan. Además, aseguró que no "hay ninguna comunidad autónoma en la que las sustituciones se cubran en las primeras 48 horas". Por su parte, el consejero popular, Santiago Pérez, calificó el modelo de "insuficiente y poco ambicioso".
En este plan, Educación tiene que dotar, como ya se estaba pidiendo a gritos, de mayor competencia a los directores de los centros, que decidirán qué bajas se cubre y cuándo. Inexplicablemente, los sindicatos critican esta nueva responsabilidad de los directores, «porque se trata de descargar a la Administración de responsabilidad y dar más a la dirección, que ya tiene bastantes» y que esta nueva medida "es una cortina de humo para no hablar del elevado número de bajas que ahora no se cubren".
Cada centro tendrá un presupuesto para las bajas, «algo insuficiente, ya que no se pueden prever cuántas se pueden dar en el curso.
Evidentemente, uno de los problemas andaluces de la educación es el absentismo escolar de docentes, agotados por la falta de respeto, los cambios de orientación, el crecimiento de las agresiones y la depresión suscitada por la conciencia de desarrollar una tarea inútil. La Consejería dice que va a incrementar las revisiones médicas y que los directores podrán sancionar las faltas injustificadas. pero no dice una palabra sobre la autoridad de los profesores, cuya figura como "institución" del estado ha sido rechazada por el PSOE a nivel nacional.
La autonomía es la clave del sistema experimental pero la burocracia de la Junta paraliza durante mucho tiempo las cosas. Fíjense en cómo lo cuenta El País: "Cuando se presente una baja, el director deberá decidir primero si la cubre con recursos propios. Por ejemplo, con profesores de refuerzo, algo previsto en la normativa pero que los sindicatos piden cambiar. Si el titular del centro decide cubrir la ausencia con personal ajeno al centro deberá realizar una petición a Educación y especificar la "duración probable de la propuesta de sustitución". Educación se compromete a rebajar a la mitad el tiempo de respuesta, con lo que las bajas se cubrirán en unos siete días. Sindicatos y Administración se volverán a reunir el miércoles para seguir negociando este sistema."
Una vez producida la baja del profesor/a y si se va a sustituir con un profesor ajeno al Centro tiene que pedirlo a Educación y tiene que calcular la duración de la baja. Luego Educación tiene que autorizar y financiar. Pero esto, al parecer, no puede hacerse en menos de 7 días sin que nadie se explique por qué.