La Junta de Andalucía desconectará el respirador que mantiene con vida a una paciente de un hospital de Granada

L D (EFE) La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, precisó, no obstante, que después de señalar el Consultivo que no se trata de una actuación punible y que la petición de Echevarría es ajustada a derecho, y al tratarse de un centro con un concierto con la Administración andaluza, no cree que se vayan a poner obstáculos "para acceder al derecho de la propia paciente".

La consejera, que pidió "respeto a la intimidad y confidencialidad" de la relación médico-paciente por la que se fijará el momento de la retirada del respirador, insistió en que la Consejería de Salud "garantizará" que se cumpla el deseo de Echevarría de rehusar al medio que la mantiene con vida.

En cuanto a los pasos seguidos para que se cumpla esta voluntad, Montero dijo que su Consejería ha actuado "con rigor y transparencia" para que el equipo asistencial del Hospital San Rafael "contara con todas las garantías de que su actuación estaba dentro del ordenamiento jurídico".

Añadió que este caso ha abierto un debate "muy interesante" porque se ha delimitado la diferencia entre eutanasia y rechazo a un tratamiento previamente instaurado, como es la situación de esta paciente.

Indicó que también se ha desprendido de este debate que "lo más importante es garantizar los derechos que asisten a los pacientes", en este caso contemplado en la Ley de Autonomía del Paciente y el ordenamiento jurídico vigente, y se "ha arrojado claridad jurídica" sobre las actuaciones médicas ante este tipo de situaciones.

Inmaculada Echevarría, de 51 años, formuló oficialmente la solicitud de retirada del respirador el pasado 20 de noviembre, de la que se dio traslado a la Delegación de Salud en Granada y al hospital San Rafael, en el que vive desde hace 9 años conectada a un respirador.